Redacción. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) ha emitido un enérgico comunicado para aclarar que nunca ha tenido ninguna interacción con la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, en el contexto de una reciente polémica por grabaciones difundidas.
La aclaración surge a raíz de la comparecencia del fiscal general, Johel Zelaya, donde se compartieron audios que presuntamente involucran a la funcionaria, al diputado nacionalista Tomás Zambrano y a un militar activo, en un supuesto plan para alterar resultados electorales.
«Lo que se plantea es que seremos una de las organizaciones de observación electoral que estaremos haciendo vocería al negar resultados», explicó a TN5 Estelar Gustavo Irías, director ejecutivo de CESPAD, señalando la gravedad del contenido.
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Irías subrayó que la organización tomará total distancia de estas aseveraciones. De igual manera, aseguró que no forman parte de ninguna conspiración en contra de la democracia y que el señalamiento es infundado. De igual manera, la organización compartió un comunicado en el que rechazan categóricamente la vinculación.
«Instamos a las autoridades electorales a actuar con la responsabilidad, seriedad e imparcialidad que exige este momento histórico para el país», destaca el documento.
«Respecto a los audios, reconocemos la gravedad de las situaciones expuestas. Pero, aclaramos que no hemos tenido ninguna interacción con la consejera (Cossette López) que mencionó el número que estaría ocupando nuestra organización. Las reuniones que hemos sostenido han sido exclusivamente con el consejero Marlon Ochoa y la consejera Ana Paola Hall, en el marco de nuestra labor técnica de observación».
«El CESPAD continuará demostrando, a través del monitoreo y observación electoral basado en evidencias, su compromiso con un proceso legítimo, transparente y de acompañamiento técnico a la institucionalidad electoral. Observamos para fortalecer la democracia, no para socavarla», establece un comunicado.
Investigación
Simultáneamente, el fiscal general Johel Zelaya anunció el inicio de una investigación formal a partir de una denuncia interpuesta por el consejero Marlon Ochoa, relativa a las grabaciones.
Zelaya aseguró que el material evidencia una asociación ilícita entre una consejera propietaria, un diputado propietario del Congreso Nacional y un militar activo. Del mismo modo, enfatizó que el CNE es una institución de seguridad nacional. Cualquier intento deliberado de manipular los resultados electorales «constituye un delito de traición a la patria», expresó.
El fiscal advirtió que este grave delito se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años. Además, se agrega la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena. La Fiscalía busca determinar la autenticidad y alcance de los audios que ponen en entredicho la integridad del proceso electoral.
