Redacción. La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, denunció la presunta intención del Ministerio Público de emitir un requerimiento fiscal con órdenes de captura en su contra y en la del también magistrado Mario Flores Urrutia.
En declaraciones a TN5 Estelar, Barahona calificó la situación de «insólita» y la interpretó como una respuesta directa a las decisiones legales adoptadas por el pleno del tribunal, especialmente aquellas que, a su criterio, buscan «garantizar la democracia y la continuidad institucional» frente a «la voluntad arbitraria de un grupo de poder».
La magistrada vinculó esta presunta acción penal a la reciente resolución que confirmó la inscripción de los candidatos Jorge Cálix y Cristian Villalobos. Este fallo incluyó el voto de aprobación de Barahona y Flores Urrutia.
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Amenaza
Del mismo modo, Barahona enfatizó que la persecución penal contra jueces y magistrados por el contenido de sus fallos ignora la garantía constitucional de antejuicio.
«No pueden perseguir a jueces por sus resoluciones», sentenció. Además, subrayó que desconocer este principio preprocesal rompe el equilibrio del Poder Judicial y sienta un «precedente grave para el Estado de derecho».
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«No podemos volver a la época oscura donde desaparecían personas, o donde, por no estar de acuerdo con una decisión, se interponían requerimientos para encarcelar a jueces o magistrados», advirtió.
La magistrada acusó al Ministerio Público de intentar «coartar la independencia judicial» y de someter al TJE a intereses políticos.
Mencionó específicamente que la resistencia se centra en «la voluntad irracional del magistrado Mario Alexis Morazán y otros grupos que buscan controlar el tribunal».
