Redacción. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó este martes el desalojo de los medios de comunicación de los bajos del Congreso Nacional, una acción ordenada por el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, en medio de una jornada marcada por la tensión política.
A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el CPH calificó la medida como “irrespetuosa y violatoria de la libertad de expresión”. La organización gremial manifestó su preocupación por lo que considera un acto que atenta contra el derecho de los hondureños a estar informados.
“De forma irrespetuosa y en un claro acto violatorio de la libertad de expresión, la prensa acreditada en el Congreso Nacional fue sacada de los bajos de ese poder del Estado», escribió el CPH.
Asimismo, agregó: «el diputado Luis Redondo mandó a cerrar el acceso a los medios de comunicación de manera descarada y sin ninguna justificación, obstaculizando el derecho a la información que tienen todos los hondureños”.
El incidente se produjo en horas de la tarde, cuando el Congreso Nacional permanecía completamente cerrado y bajo un fuerte resguardo de la Policía Nacional.

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Restricción
El presidente del Congreso, Luis Redondo, ordenó ejecutar el operativo que bloqueó totalmente los accesos al edificio legislativo.
Redondo adoptó esta medida ante la intención de los diputados de la oposición de autoconvocarse a una sesión extraordinaria programada para las tres de la tarde, con el propósito de aprobar la prórroga del actual periodo legislativo.
Sin embargo, las acciones de seguridad no solo afectaron a los parlamentarios opositores, sino también a los representantes de los medios de comunicación. Las autoridades desalojaron a los periodistas y camarógrafos acreditados del interior y de los bajos del hemiciclo.
El desalojo generó críticas de distintos sectores que consideran que esta decisión representa un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas públicas. El CPH reiteró su llamado a las autoridades a respetar el trabajo de la prensa y a garantizar el libre acceso a la información.



