Redacción. Las declaraciones del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, sobre la existencia de un supuesto plan para provocar una crisis poselectoral han generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del organismo encargado de los comicios.
El funcionario aseguró contar con una memoria USB con “pruebas fehacientes y audios” que, según él, revelan conversaciones entre una consejera del CNE y un jefe de bancada de un partido tradicional. Estas afirmaciones desataron polémica, ya que implican la presunta interceptación de comunicaciones privadas, lo que podría constituir un delito.
Reacción del CNE: “Es un delito confeso”
Luego de una reunión entre autoridades del CNE y representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la consejera Cossette López cuestionó públicamente las declaraciones de su compañero y señaló que el hecho podría tener implicaciones penales.
“Yo no tengo idea de lo que habla, pero sí es preocupante que una autoridad del país presuma estar cometiendo un delito. A menos que tenga una orden judicial, esas conversaciones deben ser privadas. Si está interceptando comunicaciones, eso es un delito confeso en televisión nacional”, expresó López.
La funcionaria agregó que el Ministerio Público debería investigar la situación, ya que la ley solo permite la intervención de comunicaciones bajo autorización judicial y por parte de entes investigadores legalmente constituidos.
Análisis legal
El abogado Fernando González, experto en derecho penal, coincidió en que el caso podría tener consecuencias legales si se confirma que hubo interceptación de llamadas sin autorización.
“A 38 días de las elecciones se debe guardar más respeto. Evidentemente, sorprendieron las declaraciones del consejero Ochoa, pero debe tener en cuenta que ya existe una ley de intervención de las comunicaciones, y muchas salas de escucha son monitoreadas. No es ‘Juan de los palotes’ quien debe andar con esa información rodante”, expresó Gonzáles para Noticieros Hoy Mismo.
El experto explicó que, en caso de comprobarse que el consejero obtuvo grabaciones sin aval judicial, la evidencia carecería de validez jurídica.
“Hay una flagrante intervención de las comunicaciones. Nadie puede descartar que eso pueda ser inteligencia artificial, y en política todo vale. Si ese material no está bajo un nivel jurisdiccional con el visto bueno de un juez de garantías, se vuelve una prueba prohibida”, señaló.
El experto añadió que corresponde al Ministerio Público determinar la procedencia del material y la autenticidad de los audios, mediante peritajes especializados en ondas sonoras.
“El Ministerio Público debe actuar con imparcialidad y determinar de dónde viene la información. No es el consejero Ochoa la persona idónea para manejar pruebas de ese tipo. Si tiene conocimiento de un delito, debe presentar una denuncia formal y permitir que las investigaciones se conduzcan conforme a la ley”, subrayó.
