Redacción. El diputado liberal Jorge Cálix se pronunció contra el Gobierno, denunciando que la persecución política en su contra ha escalado hasta involucrar a su esposa y familia.
Cálix tildó la situación como un «nivel de bajeza increíble». Además, aseguró que el Estado está utilizando mecanismos legales para intimidarlo y desviarlo de sus labores políticas.
La denuncia surgió en el foro «El Personaje del Día» de CHTV, donde el líder del Partido Liberal reveló que interrumpió una gira en Olancho tras enterarse de que el Ministerio Público supuestamente presentará un requerimiento fiscal contra su esposa.
El punto central de la disputa es un cheque de prestaciones laborales que la esposa del diputado recibió. Cálix defiende que dicho pago fue completamente legal, argumentando que el cálculo y la emisión fueron «avalados por la propia Secretaría de Trabajo de la actual administración».
«Ahora van contra mi esposa por un cheque por concepto de prestaciones que recibió», afirmó el diputado, en un tono de denuncia. La acción judicial, según Cálix, es un intento de amedrentarlo personalmente, extendiendo la confrontación política al ámbito familiar y privado.
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Fideicomiso
Durante su participación en el noticiero matutino de HCH, el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, explicó que, como abogado, el delito radica en que se utilizaron fondos del fideicomiso. Esto, según el representante del IP, estaba prohibido por la presidenta Xiomara Castro.
«Vos has injuriado a miles de familias en Honduras. Empezando por la primera familia, que es la familia presidencial», afirmó Bocanegra.
Ante esto, Cálix calificó a Bocanegra de mentiroso, debido a que el plan de liquidación de la Unidad de Coordinación de Proyectos (UCP) recibió la aprobación de ministros de ese momento: José Carlos Cardona y Francisco Fúnez.
«Yo no estoy defendiendo acciones que no hice. No fui funcionario ni firmé papeles, ese tema es de él. Y si quiere discutir, que discuta con quienes firmaron el plan: José Carlos Cardona y Francisco Fúnez del INA», sostuvo Bocanegra, mientras Cálix insistió en que las liquidaciones eran legales. Así mismo, dijo que debían cumplir a los empleados, pese a la cancelación del fideicomiso por decreto presidencial.
Del mismo modo, Cálix explicó que él busca defender a su esposa. «Si sacan una prueba en mi contra de que yo agarré un peso, de que yo hice una cuestión amañada, yo solito me voy a entregar. Eso fue lo que yo pedí», recalcó.
