Redacción. En medio del creciente conflicto en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la magistrada Miriam Barahona respondió con firmeza a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reafirmando su compromiso con la independencia judicial y alertando sobre las graves consecuencias de la injerencia política en los órganos jurisdiccionales.
“A mí ni usted ni nadie me va a amedrentar. Defenderé mi independencia judicial y la libertad de decisión como magistrada. La injerencia de poderes en órganos jurisdiccionales no es buena para la inversión extranjera, menos para la nacional”, enfatizó Barahona.
Este intercambio se da en medio de una confrontación interna en el TJE, tras la denuncia formal presentada por el magistrado Mario Morazán contra sus homólogos Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona.
La denuncia está vinculada a una controversia sobre la candidatura a diputación por Olancho del congresista Jorge Cálix, y ha escalado hasta involucrar al Ministerio Público (MP).
Solicitud
Luis Redondo, a través de sus redes sociales, exigió que el MP actúe de oficio e inmediatamente ante lo que calificó como un acto ilegal dentro del órgano electoral.
“Tal como lo establece la ley, el Ministerio Público debe actuar de oficio y de inmediato ante la flagrancia que se está gestando en el TJE. Es momento de detener al crimen organizado, al narcotráfico y a los grupos de poder económicos y políticos que pretenden regresar al país a un narcoestado y su paraíso fiscal”, expresó.
Redondo insistió en que ningún funcionario, ya sea magistrado, diputado o partido político, puede impedir una investigación del MP cuando se denuncian delitos. Subrayó, además, la necesidad de erradicar las prácticas del bipartidismo y del denominado “narcoestado”.
Lea también: Mario Morazán presenta denuncia ante el MP por irregularidades en el TJE
Denuncia
Posteriormente, el magistrado Morazán se presentó ante el MP para formalizar la denuncia contra sus colegas por al menos tres delitos: prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias.
Morazán explicó que esta acción responde a una obligación establecida en la Ley Orgánica y Procesal Electoral. Dicha norma lo faculta para denunciar cualquier hecho ilícito del que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
“La ley me establece de forma expresa la obligación de denunciar todo hecho ilícito penal del cual tenga conocimiento en función de mi cargo, y eso me obliga a estar aquí”, afirmó.
En respuesta, el magistrado Mario Flores Urrutia denunció que el MP está siendo instrumentalizado para intervenir en asuntos políticos y electorales. Calificó esta situación como una amenaza directa desde el poder legislativo.
“Estamos viendo una instrumentalización de un poder del Estado. Es una amenaza de parte de Luis Redondo. Les hago un llamado a que respeten la institucionalidad y que nos dejen tomar las decisiones conforme a la ley”, declaró.
Además, informó que, junto con un equipo legal, el TJE evalúa presentar una denuncia formal y solicitar medidas de protección para preservar la autonomía del tribunal.
En medio de esta disputa, el TJE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la impresión de papeletas para la diputación por Olancho. La medida se mantendrá hasta que se resuelva el recurso de apelación presentado por el congresista liberal Jorge Cálix.
Intervención
Un analista jurídico consultado por Diario Tiempo, quien prefirió mantener su identidad en reserva, ofreció una interpretación más profunda y basada en el marco legal sobre esta situación.
Señaló que el MP, como órgano autónomo encargado de la investigación y persecución penal, tiene el deber constitucional y legal de actuar frente a cualquier denuncia de posible delito. Esto debe hacerse en cumplimiento con los principios de legalidad y debido proceso.
Sin embargo, enfatizó que esta facultad no es absoluta ni puede ser utilizada como instrumento para influir o presionar en disputas políticas o electorales.
El experto explicó que, conforme a la normativa vigente, el ente acusador debe actuar respetando la separación de poderes. Además, debe garantizar que sus investigaciones no interfieran indebidamente en decisiones jurisdiccionales legítimas ni se conviertan en herramientas de persecución política o coacción institucional.
Por ello, aunque el MP está facultado para iniciar investigaciones de oficio ante indicios razonables de delito, estas acciones deben sustentarse en pruebas concretas. No deben basarse en presunciones ni responder a presiones externas.
Finalmente, el analista advirtió que la instrumentalización del Ministerio Público para intervenir en conflictos políticos o electorales podría comprometer la autonomía judicial y electoral, debilitando la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Esta situación podría derivar en un uso desproporcionado del ente penal para favorecer intereses particulares o para obstaculizar procesos democráticos legítimos.
