Redacción. La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar, permanece activa en su campaña política a pesar de estar en el centro del «Sedesolazo», escándalo que involucra el presunto desvío de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Las acusaciones la señalan como la figura principal en un esquema irregular que habría afectado recursos destinados a programas sociales.
A través de su cuenta oficial en Facebook, Cuellar mantiene una actividad continua, compartiendo diariamente fotografías y mensajes relacionados con las supuestas obras realizadas bajo su gestión en el departamento de Copán.
En una de sus publicaciones más recientes, la diputada anunció que faltan 58 días para la «segunda victoria» de su partido, en referencia a la proximidad de las elecciones generales del 30 de noviembre.
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Participación
Pese a las fuertes acusaciones y a la presunta suspensión dentro de su institución política, Isis Cuellar encabeza la lista de diputados por Copán.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó las papeletas oficiales para las elecciones del 30 de noviembre, en las cuales la legisladora aparece en la casilla número 8.
Un informe detallado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó que Cuellar realizó irregularidades en la administración de fondos públicos. El documento evidencia contratos y facturas fraudulentas, así como proyectos inconclusos relacionados.
Estas anomalías forman parte de la investigación que compromete a Cuellar con el presunto desvío de recursos que debieron destinarse a programas sociales en beneficio de comunidades vulnerables.
Pruebas
El caso de Sedesol o «Sedesolazo» salió a la luz tras la filtración de un video en el que Cuellar mantiene una conversación con el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.
En esta grabación se observa el diálogo sobre la entrega de cheques y bienes a estructuras del partido Libre en Copán. Esto generó una mayor controversia y críticas por la presunta utilización de recursos públicos con fines políticos.
A pesar de las pruebas existentes y el informe del TSC, el Ministerio Público no ha realizado una investigación pertinente. Además, no ha realizado un requerimiento fiscal en contra de los presuntos involucrados.
El escándalo del «Sedesolazo» continúa bajo análisis, mientras la ciudadanía espera que los hechos sean esclarecidos y que se aplique la justicia de forma transparente.
