Redacción. El Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, logró el auto de formal procesamiento contra Luter Thomas Modes, miembro de una Junta Especial de Verificación y Recuento (JEVR), acusado de falsificación de documentos electorales.
Por este mismo caso, la ciudadana Monserrat Padilla Valladares también se encuentra con auto de formal procesamiento.
Las investigaciones establecieron que ambos imputados alteraron durante la verificación administrativa realizada en el Centro Logístico Electoral (CLE) el acta de cierre del nivel electivo presidencial de la Junta Receptora de Votos (JRV) 0164, sumando de manera indebida 57 votos a favor del precandidato del movimiento Vamos Honduras.
La manipulación se evidenció al contrastar los datos con los contenidos oficiales de la maleta electoral proveniente de la JRV 0164, ubicada en el municipio de Esparta, Atlántida.
Durante la audiencia inicial, los fiscales de la Unidad contra Delitos Electorales presentaron la carga probatoria que acredita las irregularidades cometidas por los imputados.
El Ministerio Público también confirmó que mantiene líneas de investigación abiertas relacionadas con acciones similares, las cuales podrían constituir delitos electorales adicionales.
Delitos electorales y sanciones en Honduras
Por otra parte, los delitos electorales son actos u omisiones que afectan la transparencia y legitimidad de los procesos democráticos, regulados en los artículos 542 al 547 del Código Penal y la Ley Electoral. Entre los principales se encuentran:
- Coacción o amenaza electoral: impedir el voto o alterar propaganda; pena de 4 a 6 años de prisión.
- Falsificación de documentos electorales: alteración o uso indebido de actas y documentos; pena de 4 a 8 años de prisión.
- Fraude electoral: manipulación de resultados o compra de votos; pena de hasta 8 años.
Otros delitos comunes incluyen tráfico de credenciales, violación del secreto del voto, interrupción de la votación, traslado injustificado de centros y participación ilegal de extranjeros. En ese sentido, estas medidas buscan proteger la integridad del sufragio y garantizar procesos electorales confiables.
