Redacción. Un juez de letras penal de Tegucigalpa dictó este lunes la medida de auto de forma procesamiento con prisión preventiva a los 10 imputados por el caso del supuesto desfalco millonario en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Cortés.
La resolución se dio tras una extensa jornada de audiencia inicial que duró prácticamente todo el fin de semana. La fiscalía evacuó múltiples medios de prueba documentales, testimoniales, periciales y evidencias.
Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados, informó a periodistas en Tegucigalpa que la prisión preventiva la deberán de cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, en el valle del mismo nombre en Francisco Morazán.
Los procesados en este caso son:
-Luis Fernando Hernández Portillo
-Olga Estela Ávila Ortega
-Andrea Fabiola Perdomo
-Malcos Jonathan Morales Corea
-Osman David Chávez Orellana, exgerente de infraestructura de la Municipalidad de SPS.
-Denis Jamil Paz Martínez
-Alejandra Eunice Amaya
-Marlen Karina Mena Gómez
-Walter Manuel Cartagena
También, la portavoz indicó que la audiencia preliminar quedó agendada para el lunes 27 de octubre del año en curso. No obstante, habrá el espacio de ley para que cualquiera de las partes procesales interponga su recurso de apelación.
La acusación
«En el caso de los empleados de la alcaldía (SPS), adjudicaron 33 contratos para construcción y mejoramiento vial a una constructora denominada HERCOD, obras que supuestamente no concluyeron, causando un perjuicio de más de 45 millones de lempiras», recordó Castillo.
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusa a los imputados de la presunta comisión de varios delitos. Entre ellos, están:
-Violación a los deberes de los funcionarios.
-Fraude continuado.
-Lavado de activos y tráfico de influencias.
Según el MP, los funcionarios municipales y representantes legales de las constructoras planificaron la adjudicación de los contratos con HERCOD. Las otras sociedades solo participaban de «relleno», porque no tenían el equipo técnico ni el personal para ejecutar los proyectos, mientras que sus registros de ubicación eran casas particulares de acuerdo al requerimiento fiscal.
También, la fiscalía refirió que los pagos se le autorizaron a HERCOD sin haber presentado informes de los avances y finalización de las obras. Una vez que recibieron el dinero, Olga Estela Ávila lo transfirió a cuentas personales de ella y su esposo, Luis Fernando Hernández.
Acto seguido, según el MP, Hernández hizo giros bancarios por más de 5.9 millones de lempiras a las cuentas de Josué David Fajardo, quien a través de otras personas le daba en efectivo los fondos a su sobrino, Steve Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras.
En este caso son 15 los acusados, pero hasta ahora solo van 10 procesados. Por lo tanto, sigue vigente la orden de captura en contra de 5 personas vinculadas con el supuesto desfalco en la comuna sampedrana, entre ellos Fajardo Vargas.
