Redacción. El fiscal Luis Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), aclaró que el reciente informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el caso conocido como el «Checazo», en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no constituye una prueba judicial directa para sustentar un requerimiento fiscal.
Santos explicó que los documentos del TSC son «hallazgos detectados en auditorías» que se remiten al Ministerio Público como un apoyo, sirviendo de soporte para profundizar las investigaciones.
«No quiere decir que con ese informe está concluida la investigación; es un apoyo y sirve de soporte, pero hay que realizar otras investigaciones», indicó el fiscal.
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Líneas de investigación abiertas
La Uferco mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con Sedesol, abarcando tanto la administración actual como la anterior, por presuntos delitos como tráfico de influencias, fraude y malversación de caudales.
El fiscal evitó dar detalles adicionales, argumentando la necesidad de no entorpecer las indagaciones en el actual año político, donde «todo se interpreta con sesgo».
TSC
El informe del TSC reveló que entre julio de 2023 y febrero de 2025 se emitieron 67 cheques del Fondo de Administración Solidaria (FAS) por un total de 6.5 millones de lempiras. De estos, 58 fueron cobrados por más de 5.1 millones, presentando facturas alteradas, cotizaciones inconsistentes y materiales en mal estado o sin uso.
Los auditores registraron testimonios de supuestos beneficiarios que aseguraron no haber recibido ayudas, pese a figurar como receptores. En varios casos, afirmaron haber cambiado cheques y entregado el dinero a intermediarios supuestamente vinculados a la diputada Isis Carolina Cuellar Erazo.
Las inspecciones de campo confirmaron las irregularidades, hallando bienes discrepantes, como sillas que no coincidían con las facturadas y cemento arruinado.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, Santos rechazó cualquier presión política sobre la Uferco. Subrayó que el Ministerio Público trabaja con objetividad y que cualquier requerimiento fiscal se deberá sustentar en pruebas obtenidas legalmente, no solo en informes administrativos.
