REDACCIÓN. Un estudio reciente revela una alarmante realidad en el sistema educativo hondureño: más de 300 docentes han sido desplazados por la violencia, y al menos 1,472 se encuentran en riesgo. La situación es especialmente crítica en los departamentos de Cortés, Olancho y Francisco Morazán.
El informe, titulado «Desplazamiento forzado de docentes e impacto de la violencia generalizada en Honduras», fue elaborado por el Comité Nacional de Docentes con el apoyo de ACNUR y Save the Children Honduras.
La investigación, basada en una consulta a más de 3,000 maestros, detalla un panorama de violencia que afecta tanto al personal como a los centros educativos. Amenazas, extorsiones, robos y agresiones son algunas de las problemáticas que obligan a reubicaciones constantes y dificultan la continuidad de las clases.
Los docentes, al ser figuras de autoridad en sus comunidades, se convierten en blanco de grupos criminales. Su labor va más allá de la enseñanza: al proteger a sus alumnos, a menudo se ven expuestos a denunciar casos de violencia sexual o reclutamiento forzado, lo que incrementa su vulnerabilidad. La situación es aún más grave para mujeres, personas LGTBIQ+ y docentes con discapacidad, quienes enfrentan riesgos adicionales.
Temor
Daysi Zelaya, miembro del Comité Nacional de Docentes, subraya el temor constante, pero también la «fuerza de seguir enseñando». ACNUR ha instado a reconocer a los docentes como una población prioritaria en la Ley de Desplazamiento Interno. Esto, ya que su protección es vital para garantizar la de los niños y jóvenes.
El informe propone medidas urgentes, como fortalecer los protocolos de traslado y agilizar la respuesta institucional ante amenazas. Asimismo, se destaca la importancia de brindar atención psicológica y legal a los afectados. Además, es necesario capacitar al personal en protección y primeros auxilios psicológicos, herramientas clave para enfrentar un entorno cada vez más hostil.
