Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reveló un informe que detalla cómo Isis Cuéllar, junto con su asistente Ilsy Baquedano y su excuñada Iris Paola Pérez, realizaron una gestión irregular del Fondo de Administración Solidario (FAS) en el departamento de Copán, caso que se conoce como el “Sedesolazo”.
El dosier se basa en una investigación de campo realizada en viviendas de los beneficiarios documentales del programa.
En total, Cuéllar gestionó 67 cheques; nueve personas renunciaron a cobrarlos y los devolvieron, mientras que los 58 restantes fueron distribuidos: 39 cheques, por un monto de 3,234,681.35 lempiras, se destinaron a emprendimientos, y 19, por 1,872,000.00 lempiras, para la reparación de viviendas, sumando un total de 5,106,681.35 lempiras.
Los cheques fueron cobrados en las sucursales del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Gracias y La Entrada, en Copán. El informe del TSC indica que existen indicios de responsabilidad penal, por lo que el Ministerio Público podría iniciar acciones contra los involucrados.
Modus operandi (no recibieron el beneficio)
Una de las principales irregularidades detectadas es que al menos siete locales denunciaron no haber recibido los beneficios y que sólo fueron utilizados para retirar el dinero en Banadesa.
El primer caso, identificado como Beneficiario 1, relató que recibió una llamada de Baquedano, quien le informó que desde el Congreso Nacional se entregarían ayudas sociales para personas de bajos recursos y le solicitó su Documento Nacional de Identificación (DNI).
El 24 de junio de 2024, Pérez lo contactó para que firmara un documento sin darle oportunidad de leerlo. Posteriormente, en octubre, Pérez lo llamó nuevamente para notificarle que las ayudas habían salido; al día siguiente, lo trasladaron en bus a San Pedro Sula para cambiar los cheques.
Al llegar a Banadesa, Baquedano estaba en un vehículo doble cabina con los cheques de todos los beneficiarios. Les pidió que cobraran el dinero y lo devolvieran al vehículo, donde les exigió entregar el efectivo, antes de regresar a Copán en el bus. La asistente de Cuéllar únicamente indicó que luego se entregarían las ayudas y que ellas se encargarían de la liquidación.
En el caso de Beneficiario 1, la solicitud fue gestionada por el personal de Cuéllar, indicando que su casa se encontraba en condiciones inhabitables debido a huracanes y tormentas; sin embargo, el equipo del TSC confirmó que el sujeto tenía una vivienda digna y no presentaba esas necesidades.
El segundo caso, Beneficiario 2, vivió una situación similar. Afirmó no haber solicitado la ayuda, ya que fue tramitada por el equipo de Cuéllar, y que se falsificaron sus condiciones económicas y habitacionales para aparentar que era una persona de escasos recursos con vivienda deteriorada, lo cual también era falso.
Empleados públicos y falsas solicitudes
La Beneficiaria 3 estuvo bajo el mismo modus operandi, aunque en este caso se trata de una empleada del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende). El equipo de Cuéllar registró en la solicitud que la trabajadora era ama de casa y tenía necesidades, lo cual era falso.
El Beneficiario 4 relató que Baquedano y Pérez realizaron todo el trámite, limitándose él únicamente a firmar los documentos, que indicaban que su vivienda había sufrido daños por lluvias y que era de escasos recursos para repararla. Al entregarles el dinero, le dijeron que era una ayuda para el departamento, aunque solo le proporcionaron algunas bolsas de cemento para aparentar que la acción era real.
En el caso de la Beneficiaria 5, la solicitud presentada por la asistente y excuñada de Cuéllar afirmaba que la hondureña tenía un emprendimiento. Sin embargo, al ser consultada por el TSC, ella declaró que no posee ni planea iniciar ningún negocio.
No obstante, relató que, tras filtrarse un video de Cuéllar exponiendo el caso, el equipo de la diputada la contactó para que declarara en Tegucigalpa que se trataba de una ayuda real, pero ella se negó. Posteriormente, le enviaron cuatro gaveteros, dos mesas y un trastero, junto con una cotización y la liquidación correspondiente.
Irregularidades
La Beneficiaria 6 relató haber pasado por el mismo proceso que los anteriores, pero le entregaron facturas con fecha del 6 de junio de 2025 y recibió los artículos tres días antes. Le indicaron que lo recibido era para el partido Libre; se trataba de mesas, carpas, sillas y un equipo de sonido, los cuales aún mantiene guardados sin uso.
Por su parte, la Beneficiaria 7 afirmó que le falsificaron la solicitud a su nombre, cambiaron el cheque, le quitaron el dinero y le dijeron que se trataba de un beneficio para la comunidad.
Almacenados (recibieron el dinero)
De acuerdo con el informe del TSC, las liquidaciones de al menos tres personas no coinciden con las facturas de compra presentadas y los materiales permanecen almacenados. Se constataron bolsas de cemento y láminas apiladas en rincones.
En un caso, la ayuda fue solicitada para una vivienda antigua que no recibió mejoras; en cambio, los recursos se destinaron a la construcción de un baño en la nueva casa de la beneficiaria, algo que no estaba contemplado en la solicitud original.
En otro caso, la beneficiaria aún no inició la construcción por falta de dinero para la mano de obra. Esta solicitud fue gestionada mediante el ingeniero Eduardo Elvir, candidato a diputado, aunque la persona involucrada es empleada del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas.
El tercer caso corresponde a un guardia de seguridad de la aduana El Florido, quien tampoco ha ejecutado el cambio de techo indicado en la solicitud. Según señaló, toda la documentación fue tramitada por Ilsy Baquedano.
Emprendimientos sin utilizarse
El TSC contactó a 32 de las 39 personas registradas como beneficiarias del programa de emprendimientos y constató que los bienes adquiridos —equipos de sublimación, artículos de sonido, mobiliario, artículos plásticos, entre otros— permanecen almacenados en bodegas o en algún rincón de las viviendas.
Entre los beneficiarios figura un docente, autorizado por la Secretaría de Educación. También se entregaron fondos a una empresa dedicada a servicios de administración, contabilidad, mercadotecnia y asesorías de certificación de café. En este caso, la irregularidad radica en que la firma de la solicitud realizada por Baquedano no coincide con la del acta de inspección ni con la del DNI.
Algunos recursos se otorgaron a personas que ya contaban con empleo y que hasta la fecha no han iniciado ningún emprendimiento, manteniendo almacenadas las herramientas entregadas.
El dosier también establece que los materiales de construcción fueron adquiridos en su mayoría en la Ferretería Las Delicias. El TSC detectó inconsistencias en varias facturas: algunas registran cantidades menores a las adquiridas, mientras que en otras se sobrepasan los valores.
Política
Otro aspecto señalado en el informe es que Cuéllar otorgó beneficios a personas vinculadas con candidatos a cargos de elección popular por el partido Libre, específicamente de los movimientos M28 Poder para Voz y Fuerza de Refundación Popular (FRP).
El ente indicó que esto coincide con lo que Cuéllar mencionó en un video, donde asegura que algunos beneficiarios son gente de “confianza” al conversar con el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.
Desconocimiento
Ante el caso, el exministro de Sedesol declaró al TSC que “desconozco los mecanismos que la diputada Isis Cuéllar utilizó como gestora para seleccionar a las personas”. Explicó que recibieron al menos cinco mil solicitudes y que desconocía los detalles de las correspondientes a Copán.
“Era imposible, por la naturaleza de mi investidura, mi agenda y mis responsabilidades, estar al pendiente de cada detalle. La revisión correspondía al Comité Técnico Interno del FAS”, aseguró.
Además, Cardona indicó que el Acuerdo Ministerial No. 083-ASEDESOL-2023 no lo aprobaron debido a una contradicción con el objetivo de la dependencia estatal. También explicó que no se realizaron inspecciones de las solicitudes por falta de recursos.
“La gestión del fondo se realiza bajo el criterio del diputado proponente como gestor. Son el diputado, sus equipos y el Comité Técnico Interno del FAS quienes participan en el proceso de generar, presentar, aprobar y liquidar las ayudas. No me correspondía ni me corresponde determinar si la asignación de fondos a dichas personas era correcta o no”, señaló.
Conclusiones
El TSC concluyó que el FAS y la asignación presupuestaria a Sedesol incumplieron los lineamientos establecidos para la distribución de fondos. No se realizaron solicitudes de beneficio en favor de comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua ni otras instancias pertinentes.
La ausencia de procedimientos efectivos de control y supervisión facilitó las prácticas irregulares. Además, Cuéllar destinó los recursos para favorecer a personas con vínculos políticos o familiares indirectos con la parlamentaria.
“Conforme a los testimonios de los beneficiarios de los cheques, ellos no realizaron gestiones directamente ante Sedesol. Estas las gestionaron por Ilsy Baquedano, Paola Pérez y Eduardo Elvir”, detalla el informe.
Finalmente, el TSC remitió el dosier al Ministerio Público para que tome las acciones legales correspondientes.
Pide cambios
Eduardo Elvir, regidor de Santa Rosa de Copán y subcoordinador de Libre, solicitó al TSC que aclare que no está involucrado en el caso, advirtiendo que, de lo contrario, tomaría acciones legales.
“Yo sencillamente soy un gestor que recibe las solicitudes y las entrega a las secretarías y a las personas que las realizan. Hasta ahí llega mi labor. Están jugando con el honor y la credibilidad de una persona”, afirmó.
Agregó que “yo en ese caso no tengo nada que ver… Me di a la tarea de revisar las 89 páginas y la conclusión indica que yo hago firmar documentos, lo cual es erróneo. Eduardo Elvir es una persona íntegra que jamás ha tocado un solo peso”.
Finalizó solicitando al TSC que corrija la redacción de la conclusión donde se le involucra, calificándola como una “falsedad”.
Innecesario
El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, afirmó que el informe del TSC “no es necesario”, pues su institución realiza sus propias investigaciones.
“Estamos investigando el caso de Sedesol de manera profunda. Si revisa el informe de cuentas, verá que es superfluo. Nosotros estamos profundizando en las investigaciones de manera técnica y científica. Esto, para poder informar a todos los hondureños sobre lo ocurrido y comparecer en los tribunales cuando hayamos concluido”, apuntó.
Zelaya sostuvo que ya escucharon a los beneficiarios y a quienes solo hicieron uso de los recursos, “pero seremos objetivos al presentar cualquier requerimiento”.
“Pido a los fiscales que nunca presenten un requerimiento con la intención de dañar o sin pruebas”, concluyó.
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