Redacción. El informe oficial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó las graves irregularidades en la administración de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), confirmando el desvío de fondos por parte de la diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuéllar.
Según detalla el informe, la ejecución de los fondos se realizó al aprobarse el Acuerdo Ministerial No. 083-A-Sedesol-2023. El entonces titular de Sedesol, José Carlos Cardona, suscribió esta normativa con carácter de ejecución inmediata. Sin embargo, no publicaron el acuerdo en el Diario Oficial La Gaceta, lo que constituye una grave omisión administrativa.
En mayo de 2023, se autorizó la ejecución de 6,500,000 de lempiras a solicitud de la diputada Cuéllar. Este monto fue canalizado a través de 67 cheques, de los cuales 58 fueron efectivamente cambiados por un valor total de 5,106,601 lempiras. Nueve cheques fueron devueltos por los solicitantes al no proceder con su cobro.
El informe del TSC destaca la ausencia de mecanismos adecuados de control, revisión, supervisión y seguimiento por parte de los órganos internos de Sedesol, lo cual facilitó la ejecución de prácticas irregulares y discrecionales en el uso de los fondos.
Investigación
Las auditorías evidenciaron una distribución sistemática e irregular de fondos destinados a beneficiar a personas vinculadas políticamente a la diputada Isis Cuéllar. Entre los supuestos beneficiarios se encuentran individuos con lazos de parentesco, afinidad o relaciones personales con la legisladora, quienes habrían recibido los recursos de forma indebida.
Algunos beneficiarios manifestaron que no recibieron el monto completo de las ayudas sociales, y que fueron utilizados para cambiar los cheques en diversas agencias del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), y luego entregar el dinero a Ilsy Baquedano, una colaboradora cercana a la diputada Cuéllar, quien negó haber recibido dichos fondos.
Además, algunos beneficiarios declararon que los engañaron sobre el propósito real de las ayudas sociales. Esto podría constituir un acto de apropiación indebida de fondos públicos.
Los testimonios recopilados indican que los beneficiarios no realizaron gestiones directamente con Sedesol, sino a través de los ciudadanos Ilsy Baquedano, Paola Pérez y Eduardo Elvir, quienes les solicitaron firmar documentación y se encargaron de formalizar las solicitudes y liquidaciones.
Posteriormente, a la fecha del video que destapó este escandalo en Sedesol muchos beneficiarios recibieron instrucciones mediante mensajes de WhatsApp sobre cómo proceder con la documentación, una práctica que evidencia la existencia de una estructura informal y paralela para la gestión de estos fondos públicos.
En vista los hallazgos, el TSC emitió una recomendación directa al fiscal general de la República, Johel Zelaya, para que se evalúe la documentación, se analice la responsabilidad derivada de estos hechos y se proceda conforme a derecho.




