Redacción. El economista Roberto Lagos expresó serias reservas sobre la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria, presentada por el actual gobierno, señalando que carece de un enfoque integral en la cuestión fiscal del país.
En una entrevista para un medio local, Lagos señaló que uno de los puntos más débiles de la ley es su falta de medidas concretas para reducir la carga impositiva, a pesar de que uno de los objetivos proclamados de la legislación es la mejora de la justicia tributaria.
Lagos explicó que la ley no introduce nuevos impuestos, sino que, en algunos casos, propone la reducción de ciertos gravámenes. «La ley no genera nuevos impuestos, acaso habla de reducir impuestos, de disminuir del 15 al 12 % el impuesto sobre la venta (ISV), de reducir las contribuciones de seguridad social para las empresas», comentó.
Sin embargo, el economista advirtió que estas modificaciones no son suficientes para generar una reforma profunda en el sistema fiscal del país, y consideró que la ley no aborda de manera efectiva las necesidades de reforma fiscal que enfrenta Honduras.
El economista también cuestionó la postura del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, quien ha defendido la Ley de Justicia Tributaria en diversos foros. Según Lagos, la defensa de Pino carece de profundidad teórica y se limita a ofrecer datos absolutos sin contextualizarlos adecuadamente.
«La defensa y análisis de él (Pino) carece de integralidad económica, porque solo muestra un dato absoluto sin mostrar los componentes», señaló Lagos, sugiriendo que el enfoque adoptado por el Congreso en relación con la ley no abarca todas las variables económicas involucradas en el proceso.
Crítica a los subsidios
Uno de los aspectos más críticos señalados por Lagos es la falta de acción por parte del gobierno para eliminar ciertas exoneraciones y subsidios que, a su juicio, afectan negativamente la sostenibilidad fiscal.
En particular, mencionó que el gobierno otorga subsidios a diversos sectores, incluyendo el sector energético, sin contar con un análisis exhaustivo de las implicaciones fiscales.
«El gobierno otorga un subsidio de seis mil millones de lempiras, que es un gasto tributario que provoca que las personas que consumen combustibles no paguen por este recurso», indicó Lagos, refiriéndose a la política de subsidios a los combustibles que impacta directamente en las finanzas del Estado.
El economista también agregó que el gobierno ha fallado en establecer un diálogo efectivo con el sector privado, lo que ha dificultado alcanzar un consenso sobre la reforma tributaria.
En cuanto a la postura internacional, Lagos mencionó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha manifestado su respaldo al programa de reformas fiscales del gobierno, que incluye la Ley de Justicia Tributaria. Sin embargo, el experto advirtió que el apoyo del FMI no debe interpretarse como un aval político a la iniciativa.
Actualmente, la ley está pendiente de un tercer debate, pero no se prevé una resolución inmediata debido a la división existente entre los legisladores. Ante esta parálisis política, la incertidumbre sobre la aprobación de la ley y su potencial impacto en el sistema tributario del país sigue siendo una cuestión abierta.
