Redacción. La decisión de mantener el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, es un tema que ha acaparado la atención mediática, sobre todo tras la controversia que generó la denuncia pública de la presidenta Xiomara Castro el año pasado.
Aunque en un primer momento la mandataria había expresado su rechazo a la continuación de este tratado, el martes de esta semana sorprendió al anunciar que dicho acuerdo se mantendría vigente hasta enero de 2026.
Este cambio de postura también despertó expectativas sobre las posibles consecuencias económicas, particularmente en lo relacionado con la generación de empleo en el país.
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Tratado de Extradición
El foro contó con la participación de importantes figuras como Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras; Jesús Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM); y Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE).
Durante la discusión, Reina explicó que, en las conversaciones mantenidas con Estados Unidos, se plantearon dos alternativas para la prórroga del Tratado de Extradición. Finalmente, la administración de Castro optó por la segunda opción. Esta era extender el tratado desde el 17 de febrero de 2025 hasta el 26 de enero de 2026.
Reina destacó que para llegar a este acuerdo, hubo intensas negociaciones a nivel de alto rango con funcionarios de la Casa Blanca. También, reveló que la presidenta Castro delegó a su esposo y asesor, Manuel Zelaya, para abordar directamente el tema con representantes de la administración de Donald Trump.
En total, se discutieron cinco puntos clave que permitieron la continuidad del tratado, lo que fue considerado un avance diplomático por parte del gobierno hondureño.
Consecuencias para la seguridad y el empleo en Honduras
A pesar de la controversia inicial, los participantes del foro coincidieron en que la reanudación del Tratado de Extradición podría tener efectos positivos no solo en términos de seguridad, sino también en la generación de empleo en el país.
En este sentido, tanto Canahuati como Raudales destacaron que una relación más estrecha con Estados Unidos podría impulsar la economía hondureña, especialmente en sectores clave como la maquila y el empleo formal.
Canahuati subrayó que la situación económica del país ha perpetuado un “círculo de pobreza” que ha sido difícil de romper. Actualmente, el 80 % de la población trabajadora en Honduras se encuentra en el sector informal. Es decir, que muchas personas no tienen acceso a salarios dignos ni a condiciones laborales mínimas.
El empresario expresó que la reanudación del Tratado de Extradición, sumada a las políticas laborales de la administración de Donald Trump, podría generar miles de empleos en el país. “Honduras puede aprovechar la nueva administración estadounidense para generar cientos y miles de empleos”, dijo.
Por su parte, Julio Raudales ofreció una perspectiva empresarial sobre cómo el tratado y la relación con Estados Unidos podrían beneficiar la economía hondureña. Según Raudales, el potencial de crecimiento de Honduras está fuertemente ligado a las oportunidades de inversión y empleo que pueden surgir gracias a la colaboración con Estados Unidos.
Hizo una comparación con el estado de California, donde nacen dos empresas por segundo, contrastándolo con la realidad de Honduras, donde iniciar un negocio puede tomar hasta dos años.
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