Redacción. El Estado de Honduras «ha fallado y tiene una deuda enorme» en el combate a la impunidad, dijo a EFE este jueves la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, al referirse al asesinato de ambientalistas en el país desde hace varios años.
«Esa deuda de la impunidad no viene de hace 15 años, viene de años más atrás», indicó Oliva en la sede del Cofadeh en Tegucigalpa, al recordar que algunos nombres de ambientalistas asesinados «todavía permanecen en la memoria».
Las medidas cautelares, ya sean internas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), no le garantizan protección a nadie en Honduras.
Medidas cautelares de protección no han servido
Algunas fuentes oficiales atribuyen el problema a la falta de presupuesto, pero sí hay recursos para proteger a funcionarios, jueces, diputados y militares, entre otros privilegiados, que se movilizan en coches blindados y numerosos escoltas de seguridad provistos de armas automáticas.
Oliva señaló que aunque se haya logrado medidas cautelares locales e internacionales de protección de los derechos humanos, «no han servido», porque «al final de cuentas son disuasivas para los que están conspirando para eliminar a cualquier defensor».
«No han servido, hemos visto con suma preocupación que los niveles de impunidad crecen» y «creemos que en este momento hay un reto y un desafío para las autoridades actuales», recalcó.
Añadió que en el caso del ambientalista Juan López, de 46 años, quien además era concejal de la Alcaldía de Tocoa, departamento caribeño de Colón, asesinado el 14 de septiembre, «la justicia debe alcanzar hasta los responsables intelectuales, a los que planificaron, ordenaron y pagaron» para eso.
No ha habido interés para proteger defensores
Hasta ahora las autoridades han detenido a cuatro hombres implicados en el asesinato de López, y a tres de ellos un juez les dictó este jueves «prisión preventiva».
Sobre los ambientalistas asesinados en los últimos 40 años, y los que están amenazados, Oliva dijo que «algunos permanecen en el olvido y para ninguno de ellos, ni en el pasado, ni en el presente, ha habido un interés para protegerlos».
En su opinión, con tanto ambientalista asesinado, se debe trabajar, en cualquier gobierno, en una estrategia que no debe fallar para garantizar la protección de los defensores de manera urgente, porque en los últimos tiempos ellos han vivido las amenazas, persecución y judicialización más crueles y terribles.
El 2 de marzo de 2016 fue asesinada la líder ambientalista Berta Cáceres, en su casa, en la ciudad de La Esperanza, oeste, pese a tener medidas cautelares de protección de la Cidh, que también había dictado las mismas medidas para Juan López.
En el caso del crimen contra López, Oliva considera que no puede quedar como uno más, y que no sean su familia y sus compañeros defensores los que sufran y se tengan que exponer en la lucha y defensa de los territorios.
«Las autoridades tienen una papa caliente en la mano, que es dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales y aplicarles todo el peso de la ley», subrayó.
Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Berta Cáceres y ahora Juan López, forman parte de algunos de las decenas de ambientalistas asesinados en Honduras los últimos 40 años, de los que la mayoría han quedado impunes.
Clamor
La comunidad internacional acreditada en Honduras también ha expresado su preocupación por la muerte de López y otros hechos violentos contra defensores.
La exigencia de tierras para la agricultura y el rechazo a proyectos mineros a cielo abierto y otro tipo de explotación irregular de los recursos naturales lo han pagado con su vida muchos defensores hondureños, sin que ninguna autoridad les garantice la protección a los que siguen en esa lucha.
