ESTADOS UNIDOS. Amnistía Internacional publicó un informe este jueves en el que señala a Honduras como el país del mundo con el mayor número de asesinatos per cápita de defensores de la tierra y el medioambiente.
Solo en 2014, en nuestro país fueron asesinados 12 de ellos. Una cifra que la organización enmarca en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015, según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185 asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122 ocurrieron en América Latina.
El fenómeno no sorprende. Si nos regresamos en el tiempo, Guatemala (vecina de Honduras), es otro país al que se refiere en este informe Amnistía, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) señala que entre el año 2000 y agosto de 2015, el grupo de los defensores de pueblos indígenas y ambientalistas fue el más atacado entre los que trabajan por los derechos humanos.
Según la organización, el contexto en el que se registran niveles de violencia tan altos contra los defensores de la tierra y el medioambiente tiene dos características centrales: la expansión de proyectos de explotación de recursos naturales por parte de empresas además de la inacción y no colaboración, por parte del Estado a la hora de ponerle freno al uso de la fuerza contra quienes se oponen a esas iniciativas.
Se trata de la explotación de los recursos en países donde, según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza (señalado en menos de un dólar al día): el 62,8 por ciento en Honduras y el 59,3 por ciento en Guatemala.
No es casualidad que en el caso de Bertha Cáceres los arrestados fueran de la empresa y del Ejército. Recapitulando ella era una activista política marcada por esas cifras gracias a la defensa de recursos que necesitan la mayoría de las comunidades que viven por debajo de ese umbral de pobreza, indígenas o campesinas, cuyas vidas dependen del acceso a la tierra y a otros recursos naturales.
Los acusados por el homicidio eran, el responsable de Asuntos Sociales y Medioambientales de la empresa DESA, la activista llevaba años oponiéndose al proyecto de utilización del río Blanco para generar energía y esto le venía muy mal, lo que supone suficiente motivo; un exresponsable de seguridad de la misma empresa; y dos exmilitares, uno de ellos instructor de la Policía Militar, cuerpo estrella de seguridad creado recientemente por el presidente Juan Orlando Hernández.
Lo que expone Amnistía Internacional, tanto en Honduras como en Guatemala, es que este tipo de crímenes no surgen de manera aislada, como casos puntuales.
Son la consecuencia de un contexto de militarización, radicalización política y degradación de la seguridad acentuado por eventos como el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en Honduras en 2009.
Amnistía Internacional es una organización de activistas. En su informe, Tovar pide reconocer algo que parece incuestionable, pero no lo es: “Los defensores no son opositores sino personas que realizan un trabajo legitimo e importante para la sociedad”.
Fuente: Alberto Arce de New York Times
