Tegucigalpa, Honduras. En arca abierta hasta el justo peca, dice un conocido y repetido refrán. Aunque no tan «justo» eso parece estar viviendo las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La OABI administra los bienes y fondos decomisados por el Ministerio Público, según ley.
Según medios periodísticos, la OABI tiene bajo su administración más de 3 mil bienes muebles e inmuebles. Se calcula que tiene en sus arcas mas de 4 millones de dólares.
Mismas que según un informe, están relacionadas al manejo de los millones de lempiras que tiene a su cargo ese ente estatal.
El pasado viernes 16 de febrero, agentes de la UFECIC y ATIC, realizaron por primera vez una inspección en la OABI.
En ese operativo secuestraron una serie de documentos de la Dirección administrativa de esa institución.
En torno a esto, el director de la ATIC, Ricardo Castro, confirmó la operación y el secuestro de documentos.
Castro explicó que el secuestro de la documentación busca indagar acerca de la gestión de las administraciones pasadas.
Por ende, las acciones de inspección y secuestro se ejecutaron desde tempranas horas del viernes, hasta altas horas de la noches. Durante ese tiempo las Oficinas de la OABI se mantuvieron cerradas.
Las autoridades de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), detallaron que la ATIC junto al Ministerio Público (MP), buscan aclarar varias líneas investigativas, especialmente sobre el manejo de los fondos incautados.
La UFECIC y la ATIC buscan establecer cómo la OABI ha asignado los dineros que obtienen a través de los millonarios aseguramientos del MP y de las subastas que realizan cada cierto tiempo.
Según reporte, también investigan sobre cuánto dinero subastado por la OABI es asignado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
También el total de fondos que les asignaron al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).
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Juan Jiménez Mayor
Sobre esto, Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), anunció que en las próximas semanas revelarían un expediente que dará a conocer el tráfico de bienes incautados y de actos administrativos impropios de la OABI.
Finalmente, admitió que “tienen información de altos funcionarios del Estado que han recibido bienes incautados sin pagar un solo lempira”.
ATIC
El expediente señala que la ATIC indaga sobre más de mil millones de lempiras decomisados en las tres fases de la Operación Avalancha. Mismos que fueron entregados en febrero y octubre del 2016 y en septiembre del 2017.
Es importante mencionar que el documento añade que estos bienes están distribuidos entre sociedades mercantiles que manejaban los líderes y sucesores de la Mara Salvatrucha (MS-13). Específicamente caletas, cuentas de bancos, bienes inmuebles, vehículos, furgones, entre otros,asegurados y entregados a la OABI por parte del Ministerio Público.
Del mismo modo la ATIC, busca conocer acerca del manejo de un centenar de empresas que tiene bajo su administración la OABI.
La ATIC busca aclarar los bienes incautados por la OABI a la empresa de cultivo de Okra
Uno de los fiscales de la UFECIC hizo énfasis en el caso de la empresa de cultivo de Okra ubicada en Choluteca. Este conglomerado, asegurado en noviembre de 2016, es propiedad del señor Orlando Pinto a quien la Fiscalía lo vincula como socio de los hermanos Valle Valle.
“Esa es una de las empresas que sigue siendo manejada por la familia Pinto. Estos son señalados por el delito de lavado de activos y de ser testaferros de los hermanos Valle Valle. A pesar que ya está en manos de la OABI, al parecer hay un trato con las autoridades de la Oficina Administradora”, explicó.
Al mismo tiempo dijo que “de acuerdo a investigaciones de agentes asignados al Departamento Contra el Crimen Organizado de la ATIC, “Los Pintos” están ligados a cometer delitos como tráfico de drogas y lavado de activos; además, se ha logrado determinar algunos lazos de esta organización con el cartel de Los Valle Valle”.
Cabe señalar que, a este grupo de personas, durante el 2015 la ATIC ya les había incautado un total de 92 propiedades en varios sectores de Choluteca.
Funcionarios públicos se encuentran envueltos en supuestos tráficos de bienes incautados
La ATIC junto con peritos forenses busca la documentación de la OABI para llegar a los funcionarios públicos y diputados que están metidos en un supuesto tráfico de bienes incautados de actos administrativos impropios que se están realizando a lo interno y de manera irregular en la Oficina de Bienes Incautados.
Según informe, entre los lujosos bienes que estarían en poder de los funcionarios hay viviendas incautadas a capos hondureños que se encuentran presos en Estados Unidos. Cito como ejemplo las viviendas aseguradas al Negro Lobo, los Valle Valle y Los Cachiros.
“Entre los bienes entregados a los funcionarios estarían casas y vehículos de lujo sin pagar nada”, indicó el fiscal.
OABI en aprietos por subastar bienes de la familia Rosenthal
Es de recordar que parte del ganado que les fue asegurado a la familia Rosenthal fue otorgado a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de Catacamas, Olancho. Pero el mismo se supo fue devuelto a la OABI.
“En cuanto al tema del ganado estamos en proceso de investigación para conocer acerca de dónde se encuentra el mismo”, S dijo el director de la ATIC, Ricardo Castro.
La OABI tenía en comiso a Alimentos Continental S.A. y la Empacadora Continental S.A. de la familia Rosenthal. Desde entonces la OABI no ha podido cubrir las obligaciones de estas empresas.
Cabe mencionar que en marzo del 2017 Zip Continental introdujo una demanda contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Los abogados de este parque la presentaron contra OABI por administrar las empresas Alimentos Continental y la Empacadora. Estas empresas operaban dentro de Zip Continental y por ende debían su alquiler.
Norman Mejía, representante legal de los empresarios sampedranos, dijo que es una irresponsabilidad lo de la OABI.
«Mi cliente como persona jurídica está perdiendo dos años de arrendamiento. Esto equivale a cantidades elevadas de dinero, por lo que estamos tratando de recuperarlas”, agregó.
Si la OABI hubiese mantenido la producción de las empresas no habría necesidad de realizar una subasta ilegal. Del mismo modo, tampoco los empleados de estas empresas hubiesen salido afectados.
Marlon Duarte
El apoderado legal de la familia Rosenthal, Marlon Duarte, dijo “llevamos dos años y la OABI extrañamente no le ha respondido a la familia Rosenthal. Se les ha solicitado informes de cómo se encuentran los bienes; a qué precios los vendieron y los parámetros utilizados para subastarlos”.
Duarte pidió un informe a la OABI, una entidad adscrita a la presidencia de Honduras, en la que detalle los bienes confiscados a la prominente familia.
Duarte insistió que Alimentos Continental, confiscada en 2015, pretendían venderla a “pedazos como si fueran un yonker”.
El jurista denunció en su momento que la OABI pretendía vender varios bienes de la familia Rosenthal, luego que el gobierno de EE.UU. la vinculara con un desmentido narcotráfico, sin haber sido vencidos en juicio en Honduras.
INVESTIGAN OTRAS ADMINISTRACIONES
No obstante, el secuestro de documentos abarcó las administraciones anteriores. Actualmente el director de la OABI es Luis Andino.
El docomiso de documentos abarca la administración de Francisco Zavala y Humberto Palacios Moya, quienes fungieron como titulares de la OABI.
La Parentela de Moya pagaban cuotas pírricas por la renta de varias casas alquiladas por la OABI y este amañado arrendamiento no tardó en ser bautizado con el nombre de el “alquilazo”.
Al mismo tiempo, se vio envuelto en investigaciones acerca de dos haciendas. Una de ellas está ubicada en Río Tinto, Olancho y otra en la Pita, en Catacamas. La OABI nunca brindó cuenta de ello.
En la administración del abogado Zavala se otorgó más de mil cabezas de ganado a la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de Catacamas, Olancho.
Unos 12 millones de lempiras dejó la subasta de bienes del clan Barralaga y la MS, según informe
El año pasado la OABI subastó bienes del excomisionado de la policía Jorge Alberto Barralaga y de la mara MS. El juicio contra Barralaga aún no ha finalizado.
Marvin Cálix
Marvin Cálix, apoderado legal del excomisionado Jorge Barralaga, sugirió legislar sobre la OABI que violenta el derecho de su cliente.
Cálix dijo que la Constitución prohibe incautar bienes a una persona sin antes haberla vencido en un juicio.
Seguidamente explicó que estamos ante un estado autoritario que no respeta las garantías fundamentales de la ciudadanía.
«Esto es un acto de abuso de poder, de abuso de derecho. Hay varios amparos absueltos en relación la la OABI. Tal es el caso de la familia Rosenthal. Esta mediante un amparo han pedido que les devuelvan los bienes tomados de forma arbitraria».
