Redacción. La tuberculosis continúa siendo una amenaza latente para la salud pública en Honduras, donde, según datos de la Secretaría de Salud, se registra un promedio de 2,000 casos nuevos cada año, con una prevalencia importante en zonas urbanas como el Distrito Central y municipios del norte y sur del país.
Frente al panorama, el Congreso Nacional aprobó el pasado martes la Ley Especial para la Prevención y Control de la Tuberculosis, que establece un marco legal integral con medidas específicas para prevenir, detectar, tratar y controlar la enfermedad.
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Situación nacional
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Distrito Central: la Región Metropolitana de Salud reporta 241 atenciones nuevas en lo que va de 2025. El acumulado histórico supera los 5,428 casos. Cada año, se registran entre 300 y 400 casos nuevos en la capital.
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Villanueva, Cortés: en 2025 se han reportado cinco nuevos casos y un fallecido. En 2024 se documentaron 65 casos y en 2023, 47.
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Choluteca: hasta abril de este año, hay 21 casos nuevos registrados. En 2024 se diagnosticaron 144 casos, siete más que el año anterior.
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Ocotepeque: las autoridades sanitarias locales informaron de siete casos confirmados en 2025.
Características de la enfermedad
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente los pulmones (85 % de los casos), aunque también puede comprometer otros órganos como ganglios, pleura, riñones, huesos y el sistema nervioso (TB extrapulmonar).
Se transmite por el aire, mediante microgotas expulsadas al toser, estornudar o hablar. Entre los síntomas se incluyen:
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Tos persistente (mayor a 30 días)
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Dolor torácico
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Fiebre y escalofríos
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Sudores nocturnos
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Debilidad general
Nueva legislación
La Ley Especial aprobada busca:
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Garantizar atención médica integral: prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, rehabilitación e investigación.
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Declarar la lucha contra la tuberculosis como un tema de interés nacional.
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Fortalecer la educación en salud en el sistema educativo.
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Promover el respeto a los derechos humanos de los pacientes y su integración en la sociedad.
La ley también establece la responsabilidad de las instituciones públicas en el abordaje de la enfermedad y refuerza la necesidad de seguimiento comunitario para mejorar los índices de curación y reducir el riesgo de transmisión.
Las autoridades sanitarias recomiendan que, ante la presencia de síntomas, las personas acudan de inmediato a los centros de salud para realizarse las pruebas correspondientes y evitar complicaciones.
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