REDACCIÓN. El Estado de Honduras reconoció su responsabilidad internacional por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Sala Constitucional en 2012.
Este reconocimiento se da en cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en abril de 2024.
La sentencia de la CorteIDH declara a Honduras responsable por la destitución de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Los togados fueron removidos de sus cargos tras emitir resoluciones contrarias a los planes del entonces presidente Porfirio Lobo.
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El procurador general de Honduras, Manuel Antonio Díaz, afirmó durante el acto que «el Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos«.
Recurso efectivo
El fallo de la CorteIDH también señala que el Estado hondureño no garantizó un recurso efectivo de defensa para los magistrados. Así mismo, no investigó las amenazas y el hostigamiento que sufrieron tras declarar inconstitucionales iniciativas gubernamentales.
Rosalinda Cruz Sequeira, una de las magistradas destituidas, expresó que este reconocimiento es una «reparación parcial» y que «al menos ante el pueblo hondureño se sabe y se ha visto que la destitución nuestra causó graves daños al Estado de Honduras”.
En el 2012, el Congreso Nacional destituyó a los magistrados luego de que ellos declararan inconstitucionales proyectos gubernamentales.
Según la sentencia de la CorteIDH, el Estado hondureño debe indemnizar a las víctimas con poco más de 2 millones de dólares a cada uno. De igual manera, debe realizar cambios legislativos para evitar que se repitan casos similares.
