Redacción. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) informó que producto del hecho en el que perdieron la vida dos privados de libertad, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional.
En este sentido, la organización recordó la obligación de protección de la vida e integridad personal que tiene el Estado respecto a las personas que se encuentran bajo su custodia.
“Existe la presunción (iuris tantum) de que toda muerte registrada en recintos de detención y centro de privación de la libertad es imputable al Estado y eventualmente podría incurrir en responsabilidad internacional”, indicó la organización.
Ejecución
El ente señaló que, se observa una potencial ejecución extrajudicial, en virtud de que, de conformidad con la información recabada, las mismas habrían sido ejecutadas por agentes estatales, mediante la inobservancia de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Muertos
Durante la visita al centro penitenciario, las autoridades defensoras de derechos humanos constataron la muerte de Carlos Andrés Soler Mejía y José Alejandro Cruz Cruz.
Asimismo, denunció serias lesiones perpetradas en contra de otros privados de libertad en diferentes partes de su cuerpo, tales como cabeza, extremidades inferiores y torso.
El Conadeh encuentra que las lesiones podrían constituirse como actos de tortura, tratos o penas crueles inhumanos y degradantes.
Investigación
Por lo tanto, pidió iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables.
De igual manera, instó al Ministerio Público a investigar y esclarecer los hechos suscitados en el Centro Penitenciario de Támara.
Así también, pidió al Instituto Nacional Penitenciario la adopción de medidas preventivas, como protocolos de acción de contingencia y emergencia, en los centros penitenciarios.
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