Redacción. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este miércoles un nuevo desembolso para Honduras por 160 millones de dólares, tras concluir satisfactoriamente la tercera revisión de los acuerdos bajo el Servicio Ampliado (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).
Con esta aprobación, el monto total desembolsado por el organismo multilateral al país alcanza los 485 millones de dólares, como parte del acuerdo trianual firmado en septiembre de 2023.
El FMI destacó el sólido desempeño macroeconómico del gobierno hondureño y el cumplimiento de todas las metas cuantitativas acordadas para diciembre de 2024. Asimismo, se señalaron avances clave en las metas estructurales.
Entre estas se incluye la creación de un manual para la ejecución presupuestaria y el lanzamiento de un portal digital de inversión. Además, se ha concluido un estudio diagnóstico sobre el sistema de asignación de divisas.
Según las proyecciones del organismo, la economía hondureña se mantiene estable. Luego de un crecimiento del 3.6 % en 2024, se espera una expansión del 3.5 % para 2025, impulsada por una mejora en el entorno económico, la normalización climática y condiciones favorables del comercio internacional.
La inflación ha caído, acercándose al objetivo del 4 %, mientras que el déficit fiscal se ubicó en un 1 % del PIB en 2024, por debajo de la meta programada.
Estabilidad macroeconómica
La primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, reconoció el compromiso de las autoridades hondureñas con la estabilidad macroeconómica y subrayó la necesidad de mantener una gestión prudente del gasto, especialmente en un año electoral.
“Contener el gasto no productivo es esencial para preservar el equilibrio fiscal y continuar protegiendo a los sectores más vulnerables”, expresó.
El FMI también valoró positivamente las medidas adoptadas en el ámbito monetario y cambiario. Como resultado, estas acciones han permitido reforzar las reservas internacionales y mejorar el desempeño del mercado de divisas.
Asimismo, se resaltó el progreso en el sector energético, donde las pérdidas se han reducido y se ha fortalecido la posición financiera de la empresa estatal de energía gracias a mejoras en la coordinación institucional y el pago a generadores privados.
En paralelo, el programa sigue priorizando reformas estructurales para dinamizar la inversión privada, generar empleo y combatir la corrupción.
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El fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas, la modernización de la contratación estatal y el refuerzo de los marcos de transparencia son algunas de las acciones en marcha, según las autoridades. Asimismo, aseguran que se está trabajando en la lucha contra el lavado de activos como parte de las iniciativas para mejorar la gobernanza.