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sábado, mayo 4, 2024

Honduras: A la cárcel padres que no se hagan cargo de sus hijos

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TEGUCIGALPA. Debido a la alta demanda por paternidad irresponsable en Honduras, se busca elevar las penas mediante una ley.

Hace unos meses, en el Congreso Nacional se presentó la propuesta para ampliar la negociación de asistencia familiar. Con esto, se busca elevar de seis a ocho años de reclusión para impedir que la persona imputada pueda gozar de medidas cautelares y así obligar a los padres a cumplir con la orden judicial.

Por los momentos, la pena es de dos a cinco años y es un delito conmutable. Además, se busca reformar los artículos 177 y 178 del Código Penal.

Según el Diputado Jorge Calix “esto es para que aprendan y tal ves así recapaciten y cumplan con sus hijos; y si esto no funciona los vamos a mandar a Támara, para que no dejen hijos regados” expresó.

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Centros de conciliación

Tan solo en el 2016 se registraron más de 15 mil demandas por abandono paternal en el país.

La niñez hondureña es la que más sufre, ya que al tener padres irresponsables carecen de alimentos, educación y a veces hasta de un nombre. Todo esto desemboca en decenas de demandas, miles de madres  llegan a diario a interponer denuncias para iniciar un proceso legal en contra de los progenitores.

«En estos últimos días han estado llegando muchas madres a pedir la ayuda económica por parte de los padres” expresó el Director del Consultorio Jurídico, Víctor Valladares.

“Este problema se ve también reflejado por la ausencia de la figura paterna ya que no existe una conciencia sobre el rol familiar” continúo. Así como los consultorios jurídicos reportan grandes solicitudes; Visitación Padilla no se queda atrás ya que ellas velan por los derechos de la mujer.

“Nosotras brindamos el apoyo; lo primero que buscamos es dialogar y que el hombre responda por sus hijos”, según Dalila Flores.

Cabe destacar que el nuevo código contendrá  lo siguiente:

Una pensión justa a sus hijos, de lo contrario serán castigados con 200 salarios mínimos.

Asimismo, la inhabilitación de sus puestos  de trabajo, prisión no fines de semana y cárcel de dos a tres años.

 

 

 

 

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