Redacción. Honduras inició este lunes el cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 2015, que ordena devolver las tierras tradicionales y los derechos a la comunidad garífuna, con raíces afrodescendientes, de Punta Piedra, en el departamento caribeño de Atlántida.
«Hoy es un día histórico. Hace nueve años estamos esperando que inicie este proceso de devolución de lo que históricamente le corresponde a la comunidad garífuna de Punta Piedra. Hemos venido luchando para que se nos reconozcan nuestras tierras», dijo la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda.
La Corte Interamericana emitió en 2015 un fallo sobre Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, pero, hasta ahora, el gobierno hondureño no había cumplido la sentencia. En diciembre de 2023, la Corte emitió otra sentencia contra el Estado por la restitución y el respeto de los derechos del pueblo garífuna.
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Recuperando las tierras
La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) comenzó hoy la «recuperación de las tierras» del pueblo afrodescendiente, informó en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras.
«Este acto simboliza el reconocimiento del Estado de Honduras a los derechos de las comunidades garífunas, a sus tierras ancestrales», subrayó el canciller hondureño y coordinador de la CIANCSI, Eduardo Enrique Reina, durante un evento en la comunidad Punta Piedra.
Reina destacó la voluntad del Estado para dar cumplimiento a la sentencia de la CorteIDH. También recordó la importancia de «este proceso de saneamiento». «Estamos recuperando los derechos de la comunidad garífuna y defendiendo derechos de comunidades ancestrales», externó.
Según la CorteIDH, los pobladores de la comunidad de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz no poseen un título de propiedad sobre su territorio ancestral, idóneo y culturalmente adecuado. Además, se les ha denegado el derecho a la participación en la toma de decisiones y se violaron sus garantías judiciales.
El procurador general de Honduras, Manuel Díaz, indicó que la CIANCSI está comprometida en garantizar «el establecimiento de las medidas de reparación y no repercusión». Éstas dictadas por la CorteIDH en sus sentencias a favor de comunidades afrodescendientes.
