REDACCIÓN. Un informe reciente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que, a casi un año del lanzamiento de la estrategia “Cero Deforestación 2029”, solo se han cumplido cinco de las 18 acciones previstas.
La ASJ, con el respaldo de Transparencia Internacional y la Waverley Street Foundation, insta al Estado a implementar mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.
La presidenta Xiomara Castro presentó la estrategia en junio de 2024, con una inversión proyectada de 19.000 millones de lempiras. Sin embargo, el informe señala que 13 acciones permanecen incumplidas, ocho de ellas sin ningún avance.
Le puede interesar – Reglamento contra la deforestación: un millón de empleos del sector cafetalero en juego
Acciones
Entre las medidas pendientes se encuentran la anulación de títulos de propiedad ilegales en zonas forestales. Así mismo, la regulación de permisos municipales irregulares para el dragado de ríos y la explotación de recursos forestales.
Las autoridades también trabajan en el fortalecimiento de los batallones ambientales, cuya capacidad se planeaba ampliar a 8.000 efectivos.
Aunque se ha avanzado en el nombramiento de jueces especializados, el informe advierte sobre «serias limitaciones logísticas y presupuestarias». Esta situación dificulta el manejo efectivo de los casos ambientales.
Tampoco hay claridad sobre la implementación de sistemas de incentivos, ni se ha especificado si corresponden a la Ley Forestal vigente o a nuevos mecanismos. Varias acciones se clasifican como «no cumplidas» debido a la falta de medios de verificación por parte de las instituciones responsables.
Asignaciones
A la falta de avances se suma la ausencia de asignaciones presupuestarias concretas. El presupuesto general de 2024 y 2025 carece de estructuras específicas para la ejecución de la estrategia. No se asignaron los 1.000 millones de lempiras (38,8 millones de dólares) prometidos para 2024, y los 2.000 millones de lempiras (77,7 millones de dólares) anunciados para 2025 carecen de claridad en su ejecución.
El informe también subraya la «profunda debilidad institucional» en la persecución de delitos ambientales, debido a la falta de recursos humanos, logísticos y operativos en fiscalías y juzgados especializados.
Esta situación ha contribuido a la impunidad en casos graves, como el asesinato del líder ambiental Juan López en septiembre de 2024, y a que el 94% de los delitos ambientales en Honduras no sean sancionados.
