Redacción. El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Kelvin Aguirre, afirmó que las próximas elecciones internas serán las “más caras” de la región y enfatizó que el proceso electoral debe realizarse porque es un «mandato constitucional» del CNE.
Aguirre resaltó que, durante su gestión en el CNE, se realizó una planificación detallada, que incluyó la aprobación del cronograma electoral, un instrumento fundamental para asegurar transparencia y certidumbre. Además, enfatizó que el CNE tiene la obligación legal de cumplir con este proceso.
Sobre el financiamiento del proceso electoral, Aguirre explicó que el presupuesto se determinó con base en experiencias previas y fue aprobado por el Congreso Nacional con un incremento del 30 % respecto a las elecciones primarias de 2021, que ascendieron a 1.100 millones de lempiras.
El exconsejero justificó el aumento por factores como la inflación, la implementación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y la biometría, elementos que no se incluyeron en comicios anteriores.
Sin embargo, Aguirre aseguró desconocer los detalles de la nueva ampliación presupuestaria solicitada por el CNE. «Tendría que analizar a fondo qué rubros están contemplados», señaló.
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Advertencia sobre posibles riesgos
Aguirre también alertó sobre declaraciones de algunos diputados que han insinuado la posibilidad de suspender las elecciones.
“Estos mensajes son irresponsables. Las elecciones deben realizarse sin importar las circunstancias, porque el CNE tiene un mandato constitucional y legal”, enfatizó.
Señaló que, incluso si no se aprueba la ampliación presupuestaria, el proceso electoral debe llevarse a cabo. «Lo único que podría verse afectado es la integridad y transparencia del proceso, pero las elecciones deben realizarse sí o sí», aseguró.
Falta de reformas en la administración electoral
En cuanto a la transparencia electoral, Aguirre indicó que esta depende de varias instituciones, como el CNE, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia.
Asimismo, criticó la administración de las juntas receptoras de votos y el conteo de sufragios por parte de los partidos políticos, una práctica exclusiva de Honduras en la región.
«No ha habido voluntad política para reformar este sistema y permitir que ciudadanos elegidos aleatoriamente garanticen la transparencia, como ocurre en otros países«, concluyó.
