REDACCIÓN. La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) presentó un informe del Observatorio de la Democracia, en el que revela un panorama alarmante sobre la integridad institucional y el desarrollo del proceso electoral, a tan solo 102 días de las elecciones generales.
El documento señala serias deficiencias que, según la RDD, ponen en riesgo la transparencia y la certeza de los comicios.
Entre ellas, destaca que el cronograma electoral ha sufrido un retraso significativo, con cuatro de las ocho etapas clave sin cumplir los plazos establecidos. Esta situación se atribuye a una “extrema partidización” de las instituciones, donde los intereses políticos han prevalecido sobre el cumplimiento de la ley.
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Ineficiencia institucional
La RDD también ha puesto el foco en la inacción de las instituciones de justicia electoral. El informe critica al Ministerio Público (MP), que de 196 delitos electorales denunciados, solo cuatro han resultado en requerimientos fiscales, lo que representa una efectividad de apenas el 2.04 por ciento. Esto, argumenta el informe, debilita la capacidad de acción penal y fomenta la impunidad.
De manera similar, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha mostrado una preocupante ineficiencia. Esto, con solo cuatro sentencias emitidas de los 41 recursos admitidos, lo que se traduce en una efectividad jurisdiccional del 9.7 por ciento.
Otro hallazgo crucial es el uso indebido de recursos públicos en plena campaña electoral. El informe documenta un aumento desproporcionado en el gasto de bonos y publicidad oficial, además de la utilización de medios estatales para favorecer al oficialismo. Estas acciones son consideradas como violaciones directas a la Ley Electoral y refuerzan la desigualdad entre los competidores políticos.
Deterioro del espacio cívico
El informe también advierte sobre un deterioro del espacio cívico, con un incremento de amenazas, hostigamientos y campañas de odio dirigidas a voces críticas, las cuales son amplificadas por cuentas afines al oficialismo en redes sociales.
Ante este panorama, la RDD ha exigido a las autoridades electorales y judiciales que actúen con independencia e imparcialidad, sancionen el uso indebido de recursos públicos y garanticen un proceso electoral íntegro y pacífico para todos los ciudadanos.
