José Eduardo Martell Castro
Honduras vive una etapa de convulsión y crisis cuyo desenlace es profundamente incierto, principalmente por el errático proceder del Ejecutivo, pero también por las decisiones trascendentales que deberán tomarse en los próximos meses.
Una de las más relevantes es la elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, en enero de 2016.
Apenas hace una semana se juramentó la Junta Nominadora que regirá el proceso de selección de los cuarenta y cinco candidatos finales, y ya el proceso se ha visto mancillado, con algunos argumentos válidos y otros más espurios, pero que minan un proceso que debería ser el más transparente de todos cuantos se llevan a cabo en el ámbito público, por la necesidad imperiosa de gozar de la legitimidad que requiere el máximo órgano de aplicación de justicia.
El escenario político nacional evidencia la urgencia de construir un sistema de justicia capaz de cambiar el actual rumbo de negligencia, corrupción e impunidad –lo que ha servido de detonante para consolidar el movimiento de “las antorchas”-, que tiene que iniciar con la elección de magistrados de reconocida honestidad, templanza y, sobre todo, absoluta independencia. El más interesado en que el proceso se lleve a cabo de manera absolutamente diáfana y transparente – y el que mayores esfuerzos debe realizar- debería ser el presidente Hernández.
Lo que ha sucedido en Guatemala debe hacer reflexionar a Hernández. La caída estrepitosa de Otto Pérez es una muestra de cómo los pueblos –incluidos lo que han sido más tolerantes al abuso público por parte de una clase política corrupta-, también se hastían. He escuchado disparatados comentarios de supuestos politólogos advirtiendo que lo que pasó en Guatemala no sucederá en Honduras. No podemos asegurarlo, pero mucho menos descartarlo.
El latrocinio histórico y sistemático sobre el erario público ha sido tan manifiesto y descarado que llega un momento en el que las ciudadanías imponen un punto de inflexión con miras a ponerle un alto. Cuando hay pruebas irrefutables de quienes desfalcaron el IHSS, y ni una tan sola sentencia sobre los “cerebros” que diseñaron la operación –como lo son algunos políticos de renombre vinculados al partido de gobierno-, la indignación aumenta hasta niveles insospechados.
Hace apenas dos meses era impensable el destronamiento de Otto Pérez: contaba con el apoyo de un número significativo de diputados afines; del gobierno estadounidense; de cierto sector empresarial… y las elecciones no estaban a la vuelta de la esquina. En pocas semanas el panorama cambió: “sus” diputados le dieron la espalda, sabedores del lastre electoral que significaba seguir apoyándole; los empresarios dieron muestra de acompañamiento de la legítima lucha ciudadana en las calles; y la administración Obama optó por darle un espaldarazo a la CICIG, conocedores de la importancia que ésta tiene para la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala. Otto Pérez se quedó sólo.
Otro tema relevante será el sentido que el diálogo tome en Honduras. No está claro el papel que tendrá la ONU en el mismo, lo que preocupa por ser la que debería encabezar el mismo –por encima de la OEA-, por experiencia, prestigio e independencia. Y digo que no está claro porque en un comunicado emitido por ellos el 4 de septiembre establecen que la ONU “acompañará a la próxima misión de la OEA a Honduras” y finalizada la etapa preparatoria del diálogo, “decidirá si continuar o no con su participación en el proceso”. El augurio no es nada alentador.
La convocatoria de una CICI parece ser “la” salida a la presión ciudadana, además de ser un elemento trascendental en la lucha contra la asfixiante corrupción en el gobierno. Como dijo un alto funcionario guatemalteco, “duele reconocer que somos incapaces de limpiar la casa nosotros. Pero mejor que lo haga alguien a que no lo haga nadie”. Y EEUU es favorable a dicha opción. Thomas Shannon insinuó que los recursos de la Alianza para la Prosperidad serían más rápidamente desembolsados de surgir una CICIH. Y es que como nos dice Jorge Castañeda, Washington puede condicionar ese desembolso a la lucha contra el narcotráfico, a la disuasión migratoria o a la creación de la CICIH, y “el tercero, con todo y sus implicaciones de soberanía acotada, representarían un avance para la región”. Esto podría doblegar la necedad presidencial en Honduras.
Por último, debe dársele carpetazo final al tema de la reelección. Es un verdadero sinsentido seguir insistiendo con un tema que nos sumió en el caos y el enfrentamiento en el 2009. Juan Orlando debe renunciar, de manera expresa, a sus aspiraciones reeleccionistas. Tiene otras muchas prioridades por delante –inseguridad, sequía, desempleo,…- como para seguir distrayéndose en nimiedades.
La ruta a seguir la deberá trazar, principalmente, el presidente Hernández, por ser el que detenta el poder. Es decir, será el artífice de su propio futuro. Aún está a tiempo de evitar condiciones similares a las de Guatemala y no verse sentado –como su amigo Pérez Molina-, en el banquillo de los acusados.
Hago mías las palabras de Jorge Castañeda: La mini región (Centroamérica) convulsa en la que vivimos, es “anunciadora de cambios cruciales en América Latina”. Así sea.
