Redacción. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó su alarma por la «persistente renovación» del estado de excepción en Honduras, una medida que se mantiene vigente desde diciembre de 2022.
La organización instó al Estado hondureño a poner fin a esta política, advirtiendo que su extensión durante casi 900 días ha desnaturalizado su carácter excepcional y ha derivado en «graves violaciones de derechos humanos».
En un comunicado, la Oacnudh reconoció la grave situación de violencia que enfrenta Honduras, con amplios sectores de la población sufriendo extorsión y delitos conexos cometidos por organizaciones criminales.
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Sin embargo, recordó que las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales, no discriminatorias y sujetas a control judicial y legislativo, principios que, a juicio de la Oficina, no se están cumpliendo en el caso hondureño.
Suspensión de garantías
La prolongación del estado de excepción, que implica la suspensión de seis garantías constitucionales, genera preocupación en la Oacnudh. La organización advierte sobre el riesgo para los derechos fundamentales, por su posible impacto en el entorno democrático de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
La Oficina también denunció que el Parlamento hondureño solo ha ratificado formalmente 5 de los 17 decretos ejecutivos que prorrogaron la medida. Además, el Estado no ha informado al secretario general de la ONU, incumpliendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tanto la Oacnudh como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) han documentado graves violaciones de derechos humanos atribuidas a cuerpos de seguridad, la defensa en el marco del estado de excepción, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos sin control judicial.
Ante el panorama electoral, la Oacnudh enfatizó la necesidad de garantizar un entorno propicio para:
-Las libertades de expresión.
-La asociación.
-Reunión pacífica y circulación, actualmente limitadas por la medida.
Por ello, instó al Estado a revisar integralmente su estrategia de seguridad. Además, pidió abstenerse de seguir prorrogando el estado de excepción, ofreciendo asistencia técnica para fortalecer políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos.
