El territorio hondureño sigue enfrentando una situación difícil en cuanto al tema migratorio, aunque autoridades afirman que se han tenido avances este año, los catrachos siguen saliendo del país y los extranjeros continúan transitando para poder llegar a su destino.
Los números son los que confirman esta problemática, las comparaciones con el año 2022 son alarmantes y las mismas organizaciones que ayudan migrantes sostienen que esto no se detendrá.
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El gobierno tiene retos muy grandes para el 2024: controlar este flujo migratorio, brindar mejores condiciones a los hondureños y extranjeros, así como priorizar programas para los retornados, sin dejar de lado que deben enfocarse en respetarles los derechos humanos.
Flujos migratorios
Allan Alvarenga, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo que la cantidad de personas que han transitado de manera irregular durante 2023 ya alcanza más de 530 mil migrantes.
El funcionario dijo que esta es una cifra histórica y recalcó que el año pasado 2022 se cerró con 188 mil.
Por otro lado, son más de 348 mil 445 hondureños que han emigrado del país a otras naciones en los últimos cinco años.
«Este 2023 se ha observado un impacto e incremento en el flujo migratorio en toda la región mesoamericana. Sabemos de los números que hemos registrado, hemos triplicado cifras y esto nos obliga como INM a incrementar las capacidades institucionales para crear una respuesta eficaz a este tema», explicó.
En cuanto al retornó de compatriotas afirmó que han presentado una disminución con 55 a 60 mil hondureños retornados, en comparación al 2022 que tuvieron 88 a 90 mil.
Alvarenga también subrayó que de estos números el mayor porcentaje sigue siendo de menores con hasta 35 %, una cifra que se mantiene.
Crisis migratoria en Danlí
La ciudad de Danlí, en la zona este de Honduras y frontera con Nicaragua, se ha convertido en el epicentro de los migrantes que a diario llegan a Honduras en su camino para llegar a Estados Unidos.
Son muchos los extranjeros que se detienen en este sector, esperando un salvoconducto, en albergues, recibiendo apoyo de las autoridades municipales o de organizaciones.
No obstante, la otra cara de la moneda son aquellas personas que habitan en las calles o parques, en tiendas de campaña. Estos ciudadanos deciden pedir dinero o realizar pequeños trabajos, como barbería, para poder «juntar» dinero y seguir con su viaje.
En Choluteca, Tegucigalpa y San Pedro Sula también se evidencia más a profundidad este panorama.
Red de cobros a migrantes
En Honduras, un paso obligado de latinoamericanos, africanos y asiáticos, los migrantes sufren muchos atropellos, principalmente en el cobro ilegal del transporte interurbano, o de agentes policiales.
Justamente el pasado mes de octubre, la congresista de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, María Elvira Salazar, acusó al presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, y la gobernadora de Choluteca, Ilse Villatoro, de imponer tarifas elevadas a los migrantes.
«La gobernadora de Choluteca y el comisionado de Transporte cobran 150 dólares por persona para permitirles cruzar el territorio hondureño», declaró.
Otros riesgos que enfrentan los migrantes en su camino, además de las violaciones a sus derechos, son maltratos contra mujeres y niños, asaltos, extorsión, trata de personas, falsificación de documentos y rutas de transporte no fiables.
Hondureños con intención de migrar
De acuerdo con datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se estima que 961,313 personas (13.8% de la población de 15 años o más) tienen intención de emigrar en los próximos 12 meses.
Además, 419,368 personas (6.0% de la población de 15 años o más) tiene intención de irse a vivir a otro país y tenían un plan o acción, más allá de la intención.
Los principales motivos para emigrar son económicos, según lo reportado por los
hogares que encuestó el INE, donde prevalecen el desempleo, la búsqueda de un buen trabajo y bajos ingresos.
Amnistía
Ian Quiroz, gerente de Movilidad Humana de World Vision Honduras, se pronunció sobre este tema migratorio y señaló que este año 2023 ha sido uno muy difícil para el Estado, sin embargo, se han dado también cosas buenas.
«En 2023 hubo una ampliación que fue la amnistía, eso fue muy bueno, pero ahora que no se ha sentado el Congreso Nacional a discutir esa ley, que vence el 31 de diciembre, lo que hace es poner en mayor riesgo y vulnerabilidad a todas estas personas», manifestó.
Para esta iniciativa el Legislativo reformó el Decreto Legislativo 42-2022 que contiene la amnistía para eximir del cobro del pago de sanciones a los migrantes que transitan por el territorio hondureño contemplado en el artículo 104, numeral 1, de la Ley del INM.
Quiroz sostuvo que se debe reconocer las acciones que ha tomado el INM, como por ejemplo ampliar los horarios de trabajo, el cambio de oficina al sector de El Pescadero en Danlí, la construcción de albergues.
También aplaudió el que ahora el gobierno se esté involucrando más con las organizaciones y redes humanitarias y que reconozcan que «no podían solos».
Aún queda mucho
No obstante, la gerente de esta institución recalcó que aún hay un tramo muy grande por recorrer, sobre todo, porque esta crisis no es algo que se pueda solucionar en uno o dos años.
«Ahora no hay un plan claro para poder generarle a la población mejores condiciones de vida para que eso los haga disminuir las intenciones de emigrar. Realmente, si el gobierno generara estas condiciones la gente no tendría ganas de irse», remarcó.
Sobre la población en tránsito dijo que antes se veían más hombres y mujeres, solos, pero ahora, se evidencian núcleos familiares que salen del país.
Ian destacó que más del 96 % de las personas retornadas insisten en que volverán a intentar el viaje.