Redacción. El Organismo de Investigación Judicial costarricense (OIJ) informó este domingo que el país superó los 600 homicidios en lo que va del año.
El estudio causa preocupación en las autoridades debido a que la cifra supera por 184 homicidios al 2022 en el mismo periodo de tiempo, cuando se registraron 418 asesinatos.
En ese sentido, Mario Zamora Cordero, ministro de seguridad del país centroamericano, lamentó la situación ante medio internacionales.
«Es lamentable que una democracia tan consolidada como la costarricense enfrente una situación de homicidios como la actual», manifestó.
Agregó que una de las características que tiene su país es que el respeto a la vida y derechos humanos.
Las autoridades creen que el aumento de la violencia se debe principalmente a una lucha de bandas que se “han mexicanizado y que tienen influencias de carteles colombianos y jamaiquinos”.
El reporte del OIJ ubica la provincia de Limón, con la cifra más alta de homicidios de enero al 1 de septiembre de 2023.
En esa provincia ocurrieron 151 asesinatos, 42 más el mismo periodo de 2022, seguido de San José con 147 (76 más) y Puntarenas en el pacífico central con 96 homicidios, 28 más que hace un año.
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Delegaciones policiales
Asimismo, el ministro anunció el pasado jueves una inversión de 3,200 millones de colones costarricenses, unos 6 millones de dólares, para la construcción de varias delegaciones policiales.
Esto con el propósito es recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo limonense, según el comunicado de prensa.
Investigaciones policiales indican que los enfrentamientos entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico persisten.
Sin embargo, Zamora sostiene que en el marco de la Operación Limón 2023, la delegación de esta provincia registró una baja del 37% en homicidios.
Según el presidente Rodrigo Chaves, se trata de un plan que procura recuperar la soberanía. “Para que ahí no haya crimen organizado ni narcotráfico. No se vale que nuestro país sea uno de los primeros exportadores de cocaína en el mundo, aseguró hace unos días”.
Por su parte, el bando legislativo opositor al gobierno opina que las iniciativas en materia de seguridad son insuficientes.
Ellos argumentan que «hay estudios a nivel mundial que demuestran que las altas olas de criminalidad se dan por falta de inversión en salud, educación y otros servicios básicos”.
