SAN PEDRO SULA. Un sospechoso de homicidio fue capturado la mañana de hoy domingo en la zona norte de Honduras.
Se trata de Elmer Josué Cárcamo Barralaga, de 27 años de edad, originario de Trujillo, Colón, con residencia actual en la Residencial Flor del Campo de San Pedro Sula.
A Cárcamo Barralaga se le siguen diligencias por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Luis Alonso Ortiz, quién era presidente de un grupo campesino llamado Marañones y Constantino Enamorado, quién era socio de la misma organización campesina.
Lo anterior, según orden de captura emitida por el Juzgado de Trujillo, Colón en el año 2016. Según el expediente investigativo, el hecho ocurrió el 16 de julio del año 2011, en la comunidad de Ilanga municipio de Trujillo, departamento de Colón, desde entonces él ahora detenido se fue huyendo hacia la ciudad de San Pedro Sula, donde fue ubicado y capturado.
Las acciones ejecutadas hoy se dieron tras varios días de seguimiento, ubicación y vigilancia por parte de la Policía Nacional a través de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán, UMVIBA, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) bajo el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público (MP) trasladará al imputado al juzgado correspondiente para que se le continúe con el proceso legal en su contra.
ANTECEDENTE
En julio pasado, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dieron captura a dos hombres por los supuestos delitos de homicidio y falsificación de documentos en San Pedro Sula.
Manuel de Jesús Rivera Rusa, originario de Copán, era supuestamente responsable de homicidio en perjuicio de José Dimas Zavala.
La captura tuvo lugar en el sector de Miramelinda en la montaña del Merendón. Según informaron las autoridades, el asesinato se habría dado en Corquín, Copán. Él tenía una orden de captura pendiente.
Así como Víctor Manuel Pineda Ayala, con número de identidad 1601-1958-00183. Quien fue detenido por el supuesto delito de falsificación de documentos. Asimismo, tenía orden de captura pendiente emitida el 25 de febrero del presente año.
El mencionado delito sería en perjuicio de la fe pública. Pineda Ayala es abogado y notario, según se confirmó en las instalaciones de la DPI. Ambos fueron remitidos a las autoridades correspondientes, en donde se les dedujeron las responsabilidades por sus crímenes.
