Redacción. El inicio de las capturas y deportaciones exprés de migrantes hondureños en Estados Unidos ha llevado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a implementar el programa “Hermano Vuelve a Casa”. Esta iniciativa, que busca brindar soluciones a los retornados, ha sido objeto tanto de elogios como de críticas, debido a su falta de claridad y a cuestionamientos sobre su viabilidad.
El programa fue anunciado el pasado sábado por el canciller Enrique Reina, quien explicó que su objetivo primordial es ofrecer apoyo gubernamental a los migrantes expulsados por las redadas masivas ordenadas por el presidente republicano Donald Trump.
Entre las medidas planteadas destacan un bono solidario, un donativo de 100 dólares que incluye raciones de alimentos, un aporte de 1,100 dólares para fomentar microempresas y la implementación de programas de empleo masivo.
Escepticismo
Sin embargo, la iniciativa ha generado escepticismo entre expertos. “Es una reacción tardía para un problema que se venía anticipando desde que Trump triunfó en las elecciones”, afirmó el analista hondureño Graco Pérez. “El Estado debió desarrollar un plan estratégico mucho antes. Lo veo poco concreto”, agregó.
Para Pérez, el programa no aborda los desafíos estructurales que enfrentan los retornados. “Una cosa es brindar atención inmediata y otra muy diferente es reinsertarlos a la sociedad como agentes productivos. Para eso se necesita un plan más profundo”, destacó.
Además, señaló que destinar recursos económicos sin una estrategia integral podría no resolver los problemas de fondo.
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Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Honduras encabeza la lista de países con autorizaciones de deportación, afectando a más de 261,000 connacionales. Esta situación ha puesto al país en una posición vulnerable, considerando que su economía depende en gran medida de las remesas enviadas por migrantes, las cuales representan cerca del 25 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El analista subrayó que recibir a una cantidad tan grande de connacionales requiere el esfuerzo conjunto del gobierno, la empresa privada, la academia, la sociedad civil, las iglesias, las ONG y organismos internacionales. “Es indispensable coordinar acciones para garantizar que estas personas puedan reconstruir sus vidas de manera digna”, apuntó.
Señales de improvisación
Pérez también cuestionó la organización gubernamental, calificándola como una respuesta improvisada.
“Parece una forma de dar la impresión de que se está trabajando, pero sin una solución permanente”, declaró. Además, destacó la diversidad de circunstancias que enfrentan los deportados: algunos no pueden regresar al país por amenazas, otros vendieron todo para emigrar y hay quienes se enfrentan a conflictos por las tierras que adquirieron desde el extranjero.
Finalmente, el analista enfatizó la importancia de que el gobierno deje de lado el tema ideológico que mantiene en tensión las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
La reciente denuncia del tratado de extradición, la amenaza de cerrar la base militar de Palmerola y el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo dejaron a Honduras fuera de la gira del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Esta reunión, que podría haber sido clave para abordar el tema de la migración, según expertos, pone en evidencia el deterioro de las relaciones bilaterales.
Medidas más contundentes
Por otra parte, Orlando López, líder de la comunidad migrante, criticó la propuesta del gobierno de ofrecer bonos de 100 a 1,000 dólares a los migrantes retornados, calificándolos de “irrisorios”.
López destacó que, en lugar de esta ayuda económica simbólica, lo que realmente se necesita es protección a la propiedad privada de los hondureños, especialmente en las comunidades del interior del país, donde los migrantes enfrentan la invasión de tierras.
“Mil dólares no son suficientes ni en Honduras. Lo que debe hacer la presidenta es recuperar las tierras que han sido invadidas por migrantes en el interior del país”, expresó. López también sugirió que el Estado otorgue terrenos a los retornados para evitar que aumenten los índices de pobreza.
Sector privado apoya, pero pide más participación
En contraste, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) elogió el plan de emergencia del gobierno, aunque subrayó que para ser exitoso, debe involucrarse al sector privado.
Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara, enfatizó que programas de formación para migrantes retornados como los que ofrece la CCIT, son cruciales para transformar el capital semilla en empleo sostenible.
“El capital semilla debe ir acompañado de formación para generar fuentes de empleo. Las cámaras de comercio pueden jugar un rol fundamental en este proceso”, afirmó Díaz.
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El empleo, un desafío aún más grande
Sin embargo, la falta de empleo sigue siendo una preocupación central. Martha Barahona, miembro de la Fundación 15 de Septiembre, advirtió que si Honduras no tiene la capacidad de generar empleo para los nacionales, mucho menos podrá ofrecerlo a los más de 200,000 migrantes deportados que esperan su retorno.
“¿De dónde van a sacar esos empleos? No podemos tapar el sol con un dedo. No hay trabajo ni para los que están allá, mucho menos para los migrantes deportados”, lamentó Barahona.
De igual manera, pidió a la presidenta que busque consensos para frenar las deportaciones arbitrarias y que evite la confrontación con Estados Unidos. “No intentemos ponerlos al tú por tú con Estados Unidos. Esa situación solo nos expone a nosotros los migrantes. No se trata de agachar la cabeza, sino de gobernar para todos”, expresó.
Finalmente, lamentó “la indiferencia” de las autoridades consulares que, pese a que prometieron asesorías legales, poco o nada se ve dicho apoyo, aseguró la hondureña.
Lo concreto es que Honduras no es el único país que tomó medidas ante las deportaciones masivas. México, Colombia, Guatemala y Brasil también implementaron planes de contingencia ante la crisis migratoria que vive la región.
Panorama incierto
La implementación del programa “Hermano Vuelve a Casa” refleja la urgencia del gobierno hondureño por hacer frente a una crisis migratoria sin precedentes, pero también pone en evidencia las limitaciones de una respuesta que muchos consideran insuficiente.
La falta de claridad, el escepticismo sobre la viabilidad de las medidas, la preocupación por el desempleo y la reintegración de los retornados destacan la magnitud del desafío.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas aseguran que no hay ninguna solicitud pendiente para vuelos especiales de retornados, como los que se realizan para Brasil, Colombia o Guatemala. No obstante, decenas de hondureños continúan llegando deportados semanalmente en vuelos comerciales.
