Redacción. Seis estructuras criminales serían las encargadas de cobrar extorsión en el sector transporte en todo el país, reveló el dirigente del transporte Jorge Lanza.
El representante de este rubro señaló que la propagación de este delito parece imparable en las principales ciudades del país.
«El señor ministro de Seguridad (Gustavo Sanchéz) dice que el estado de excepción ha dado resultados y que la extorsión ha bajado enormemente. En el caso nuestro, como transportistas, aquí no nos ha bajado ni un peso», indicó.
Del mismo modo, Lanza aseguró que en San Pedro Sula los grupos criminales comenzaron a solicitar el pago de un bono. Además, comentó que no les sorprendería que la misma práctica se replique en Tegucigalpa.
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«Hay transportistas de algunos sectores que pagan a cinco o a seis y otros a tres o a cuatro», comentó al medio de comunicación HCH.
De acuerdo con las declaraciones del dirigente del transporte, ellos pagan 250 mil lempiras mensuales por esta práctica.
Compañía policial
Por su parte, el dirigente del transporte, Wilmer Cálix, destacó al medio de comunicación HRN que la presencia policial les da tranquilidad al momento de cumplir sus labores.
«Al final esperamos que haya un resultado claro. Recuerde que el delito de la extorsión no es de prevención, ese delito ya es de investigación», comentó a un medio de comunicación.
Del mismo modo, Cálix explicó que entre todo el sector de transporte a nivel nacional se podrían estar pagando alrededor de 40 millones de lempiras mensuales a estos grupos delictivos.
«Usted no va a ver un medio de transporte en San Pedro Sula o Tegucigalpa que trabaje y no pague. Usted no va a ver un punto de taxis que trabaje y no pague», afirmó.
Negligencia
El dirigente del transporte señaló que la situación es producto de la negligencia de los gobiernos anteriores, pues con el paso de los años este delito ha incrementado.
«El gobierno debe poner más contundencia para brindarle seguridad al pueblo hondureño que quiere trabajar», manifestó.
Además, el representante de los transportistas exige una reforma al Código Penal para que se proceda en este delito sin que haya una denuncia previa.