Hacienda ratificó el acuerdo alcanzado entre Cristiano Ronaldo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado para cerrar el caso del jugador, según informó la agencia EFE. El ex futbolista del Real Madrid pagará una multa de 18,8 millones de euros y será condenado a dos años de prisión que no cumplirá a cambio de declararse culpable de fraude fiscal entre 2011 y 2014. El pacto entre las partes quedaba únicamente pendiente de ese último visto bueno después de que el relevo en el Gobierno cambiara los responsables en la Agencia Tributaria.
Ahora a Ronaldo, ya residente en Italia como jugador de la Juventus, sólo le queda un rápido trámite con la Justicia española. En el juicio de conformidad que se celebrará en las próximas semanas en los Juzgados de Pozuelo de Alarcón sabrá si se suspende su entrada en prisión o directamente si se sustituye ésta por una multa. Hacienda y la Fiscalía aún discrepan sobre ese punto que sólo tendría incidencia si el jugador volviera a vivir en un futuro en España.
El acuerdo rebaja la cantidad defraudada por Ronaldo de los 14,7 millones de euros hasta los 5,7 millones y por eso la sanción no alcanza los 28 millones de euros que los técnicos de Hacienda (Gestha) advirtieron al principio del proceso. Con la resolución, que ratifica las informaciones destapadas por EL MUNDO y los demás miembros de la red EIC a través de los documentos de Football Leaks obtenidos por Der Spiegel, se acepta que Ronaldo utilizó varias empresas pantalla en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de pagar menos impuestos por sus ingresos publicitarios. Ronaldo desvió 150 millones de euros al Caribe desde 2009 y sólo pagó por ellos 5,6 millones en la campaña de la Renta de 2014, una cantidad insuficiente según Hacienda.
Con el pacto también se cierra una parte importante de su caso: la que hace referencia a sus asesores. Pese a que el Tribunal Supremo señaló explícitamente su papel en el caso de Leo Messi, éstos de nuevo acabaron exculpados. Tanto su agente, Jorge Mendes, como el responsable de sus patrocinios, Luis Correia, y el abogado personal del representante, Carlos Osorio, no tendrán pena alguna por el caso de Ronaldo.
«La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque siempre se los hemos entregado; jamás he ocultado nada ni he tenido intención de evadir impuestos», declaró el ex futbolista del Real Madrid en los Juzgados de Instrucción de Pozuelo en julio de 2017, cuando todavía negaba la posibilidad de un pacto. Un año después, ya lejos de España, acabó aceptándose culpable de fraude fiscal.
Los técnicos de Hacienda critican el acuerdo
Mientras, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) no quedaron muy convencidos del acuerdo firmado por el futbolista. Los técnicos consideran «difícil de justificar» que el acuerdo por la vía penal rebaje la cuantía defraudada de los 14,7 millones que cuantificaba Hacienda a 5,7 millones. Pero, además, sostienen que los asesores del actual jugador del Juventus de Turín «podrían llegar a ser considerados cooperadores necesarios en la comisión de los delitos fiscales, al urdir la trama evasora del delantero, por lo que no deberían quedar exentos de responsabilidades penales».
Según Carlos Cruzado, presidente de Gestha, son los asesores de Ronaldo los que tienen los conocimientos necesarios para montar estos entramados societario, si bien, añade, «los clientes -en este caso Ronaldo- deben estar al tanto». «Lo mismo ocurrió en la sentencia que ratificó la condena a (Lionel) Messi, en la que el Tribunal Supremo echó de menos que la Agencia Tributaria y la Fiscalía denunciaran a los asesores fiscales por cooperadores necesarios, y no únicamente al futbolista argentino», destaca el presidente del colectivo.
Gestha recuerda que Cristiano Ronaldo se aprovechó del régimen de impatriados, derogado parcialmente a partir de 2010 y conocido popularmente como ley Beckham, que ha permitido dos privilegios al jugador. Por una parte, optar, hasta 2014, por tributar por el Impuesto de la Renta de no residentes al 24 % en 2011 y al 24,75 % de 2012 a 2014, en vez de al tipo marginal del IRPF «como hubiera tenido que hacer cualquier otro residente español».
Y por otro, tributar únicamente por los ingresos obtenidos o generados en España, y no por las rentas extranjeras, a diferencia de lo que tendría que haber hecho cualquier residente español, tributando en el IRPF por su renta mundial.
Por todo ello, los técnicos de Hacienda recomiendan al nuevo Gobierno modificar la ley general tributaria para ampliar el plazo de prescripción administrativa desde los actuales 4 años hasta los 10 años, para equipararla así a la prescripción de los delitos fiscales agravados, de forma que la Agencia tributaria pueda perseguir las evasiones más sofisticadas y complejas.
