TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Guy de Pierrefeu, aseguró que ser empresario en Honduras es difícil y mencionó a los «culpables» de «ahuyentar» la inversión.
El empresario detalló que se está enviando un mal mensaje al sector empresarial del país. «Estamos creando más burocracia, creando más trabas para que la inversión pueda darse. El Gobierno se queja de que no ha habido la inversión que se esperaba y en realidad es porque la empresa privada se sigue sintiendo agredida, hostigada, amedrentada».
Según Pierrefeu, este sentimiento se debe en gran parte a las mismas autoridades del Gobierno y al Servicio de Administración de Rentas (SAR). Este último tiene gran responsabilidad en ese sentimiento por la manera en que hacen las cosas, señaló.
Por su parte, las alcaldías y las otras autoridades también complican exageradamente todos los temas de permisos de regulaciones. Realmente es arbitrario el comportamiento de muchos inspectores de trabajo y auditores del SAR, puntualizó.
No obstante, hay otros países que le facilitan a uno la vida de una manera extraordinaria y en Honduras es lo contrario. “Aquí nos agreden, nos acusan, nos consideran defraudadores, nos consideran corruptos, nos consideran de todo y puede ser que haya algunos empresarios que actúan así, pero la gran mayoría tratan de hacerlo bien”, dijo.
Reglas de facturación afectan al inversionista
Pierrefeu es de la opinión que las reglas de facturación, desde que se aprobó la nueva ley, han sido cambiantes. Prácticamente cada seis meses hemos estado cambiando algo.
Lo antes expuesto ha obligado a las empresas a invertir en la reprogramación de sus sistemas, a invertir en nuevas facturas y todo eso son costos adicionales.
La ministra del SAR, Miriam Guzmán, dice que eso es deducible del impuesto sobre la renta. Pero en realidad es deducible de la venta grabable. Lo que implica que el Gobierno efectivamente asume el 25 % a través de una deducción de impuestos.
Asimismo, el 75 % de esos costos le caen a las empresas y por lo tanto si son costos adicionales que realmente no deberían tener las empresas y que no se justifican, sostuvo.
Al referirse a este cambio de reglas dijo que “si efectivamente encontramos algo que sea violatorio a la Constitución o al Código Tributario. Pues en ese momento procederemos. Pero sino pues hasta ahora debe aplicarse”.
Creo que son reglamentos casuísticos. Pues, encuentran una situación específica, y buscan una solución específica, en lugar de buscar una solución general a la problemática tributaria. Predomina una tendencia casuística para legislar, finalizó Pierrefeu.
