Redacción. El ambiente político en Colombia se estremeció el pasado fin de semana tras el atentado contra el senador Miguel Uribe, precandidato presidencial del partido de oposición Centro Democrático.
El incidente, ocurrido el sábado 7 de junio durante un acto de campaña en Bogotá, ha encendido un debate nacional sobre la seguridad de los dirigentes políticos y la posible negligencia estatal.
Uribe, de 39 años, recibió tres impactos de bala y fue sometido a una cirugía de urgencia. Según el último parte médico emitido por la clínica que lo atiende, su estado es de “máxima gravedad” y el pronóstico sigue siendo reservado.
Horas después del ataque, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente que el esquema de seguridad de Uribe se redujo “extrañamente” el mismo día del atentado. Según el mandatario, la custodia del senador pasó de siete escoltas a solo tres. “Este hecho debe ser esclarecido. No es normal que se reduzca la protección justo antes de un atentado», afirmó Petro a través de la red social X.
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Reporte
La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de garantizar la seguridad de figuras públicas en riesgo, fue el foco de las críticas. Su director, Augusto Rodríguez, antiguo compañero de Petro en la extinta guerrilla M-19, explicó que el sábado varios escoltas estaban de descanso debido a una extensa jornada anterior. Esto resultó en un número reducido de efectivos en el momento del ataque. Rodríguez aclaró que Uribe contaba con tres funcionarios de la UNP y cuatro policías asignados, y que la coordinación logística estaba a cargo de uno de los uniformados.
La explicación no calmó los ánimos. El abogado de Uribe denunció penalmente a Rodríguez, alegando que presentó más de veinte solicitudes formales para reforzar la seguridad de su cliente, sin recibir respuesta. El jurista instó a la Fiscalía General a investigar si hubo una omisión estatal que dejó al senador en “indefensión”.
La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió que el esquema asignado a Uribe era “robusto y equivalente al de otros congresistas”, con siete escoltas y dos vehículos blindados. Además, confirmó que Uribe no había denunciado amenazas recientes ante el ente investigador.
Hechos
En relación con el atentado, las autoridades detuvieron en el lugar de los hechos a un menor de 15 años como principal sospechoso de disparar contra Uribe. Durante la captura, el adolescente resultó herido de bala en una pierna, fue operado y será interrogado una vez se recupere. Camargo señaló que, si lo hallan culpable, el joven podría enfrentar hasta ocho años de detención en un centro para menores.
La Fiscalía investiga la posible contratación del menor por parte de una red conocida como “sicarial roja”, que recluta adolescente para ejecutar actos violentos. Las autoridades aún buscan a los autores intelectuales del ataque.
Uno de los elementos que agrava el caso es el origen del arma utilizada. El director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, reveló que la pistola Glock con la que hirieron a Uribe fue adquirida legalmente en Arizona, Estados Unidos, en 2020. Aún se desconoce cómo ingresó al país.
Desde el gobierno, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que se manejan varias hipótesis. Desde un intento de intimidación al Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, hasta una estrategia para desestabilizar la administración de Petro. En medio de estas conjeturas, el propio expresidente Uribe aseguró haber recibido información sobre un presunto atentado en su contra, según “inteligencia internacional”.
La comunidad internacional ha reaccionado ante el episodio. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el atentado como “deplorable”. Además, exigió una investigación “exhaustiva” para llevar a los responsables ante la justicia.
En respuesta al ataque, el general Triana confirmó que se reforzará la protección de al menos 30 precandidatos presidenciales. Por su parte, la campaña electoral rumbo a 2026 se intensifica en un clima de alta polarización.
