Redacción. La financiera Koriun Inversiones, declarada ayer ilegal en Honduras, operó durante más de dos meses en Choloma, Cortés, amparada en un permiso otorgado por el alcalde Gustavo Mejía, aval que carece de sustento legal, puesto que la única entidad facultada para autorizar el funcionamiento de empresas financieras en el país es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Y es que el 24 de febrero de 2025, Gustavo Mejía, sin la debida coordinación con las autoridades regulatorias nacionales, firmó un permiso que autorizaba a Koriun Inversiones a operar en Choloma.
Este acto, según las disposiciones legales del país, carece de validez, ya que la única entidad autorizada para extender permisos de operación a empresas financieras en Honduras es la CNBS.
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Aunque el alcalde justificó su decisión al afirmar que la empresa Koriun contaba con una escritura de constitución y un registro activo ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) hasta el 30 de abril, este documento no es suficiente para que una empresa pueda operar legalmente en el sector financiero.
Para justificar la acción, Gustavo Mejía añadió que la «Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) da un dictamen; por ahí han ido los compañeros (empleados) para poder otorgar el permiso». La normativa vigente en Honduras establece de manera clara que solo la CNBS tiene la facultad de autorizar el funcionamiento de entidades que manejan recursos del público.
Permiso ilegal
La CNBS, en un comunicado oficial, dejó en claro que ningún otro organismo, ni mucho menos una autoridad local como un alcalde, está habilitado para otorgar permisos de operación a instituciones financieras.
La alerta emitida en enero de 2025 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la CNBS ya había señalado la existencia de irregularidades en las operaciones de Koriun. Las primeras hipótesis apuntaron a que la empresa no contaba con la documentación legal y técnica necesaria para operar de manera legítima.
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A pesar de estas advertencias, el alcalde Mejía permitió que Koriun iniciara sus operaciones en la ciudad. Esta decisión fue criticada por sectores de la sociedad, que argumentaron que el alcalde había facilitado la instalación de una empresa cuyo funcionamiento no estaba en regla.
A la par de esto, las autoridades comenzaron a recibir denuncias de ciudadanos que reportaban prácticas sospechosas por parte de Koriun. Esto aumentó la preocupación sobre la legalidad de la financiera.
Intervención
La intervención de Koriun por parte de la ATIC el pasado miércoles 23 de abril, bajo coordinación del Ministerio Público, terminó de confirmar las irregularidades. Durante la operación, las autoridades encontraron una considerable suma de dinero en efectivo, lo que reforzó las sospechas de que la financiera operaba bajo un esquema calificado como Ponzi. Esta revelación provocó una reacción inmediata de las autoridades judiciales y financieras del país.
El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó que Koriun Inversiones operaba de manera ilegal e irregular, sin contar con los permisos necesarios. Durante su funcionamiento, la empresa engañó a miles de víctimas, por lo que se ordenó la devolución de los fondos a los afectados. Por su parte, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, reiteró que Koriun no tenía ninguna autorización válida para operar, calificando su funcionamiento como totalmente ilícito.
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Figura cuestionada
Frente a este panorama, la figura del alcalde Gustavo Mejía queda comprometida una vez más. Su decisión de otorgar un permiso sin coordinación con la CNBS no solo facilitó la operación ilegal de la financiera, sino que también expuso a cientos de ciudadanos a un posible fraude masivo. Aunque no se ha determinado un vínculo directo entre el alcalde y los administradores de Koriun, su actuación podría tener consecuencias legales
En su momento, diversos sectores de la sociedad civil manifestaron su inconformidad ante la decisión del alcalde de otorgar un permiso de operación a la financiera, pese a no contar con autorización legal.
La ciudadanía calificó la actuación del edil como irresponsable. Ahora, exigen a las autoridades competentes que se investigue su posible implicación en la operación irregular de la empresa.
A la luz de estos hechos, no son pocos los ciudadanos que solicitan que se abra una línea de investigación contra el alcalde Mejía. Consideran necesario esclarecer si su actuación en el otorgamiento del permiso pudo constituir negligencia, abuso de autoridad o algún tipo de colaboración con los responsables de la financiera intervenida.
Asimismo, advirtieron que dejar este caso sin consecuencias podría abrir la puerta para que otras autoridades municipales actúen fuera de sus atribuciones legales. Por ello, insisten en que las investigaciones no deben limitarse a la empresa intervenida. También se deberá investigar a otras posibles figuras implicadas en el caso, que hayan facilitado la operación de la empresa fuera del marco legal.
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