TEGUCIGALPA. El excomisario de policía, Guillemo Mejía Vargas, acusado por el Ministerio Público (MP) del asesinato del fiscal, Orlan Chávez, sería juzgado en Honduras.
La Agencia de Investigación Criminal (ATIC) y de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), lograron establecer la participación de Mejía Vargas en el homicidio del exzar antidrogas.
Como es conocido, Mejía Vargas en la actualidad está recluido en Estados Unidos por tener un proceso pendiente por narcotráfico, no obstante el Ministerio Público, independientemente del fallo en ese país, solicitará que se ejecute una orden de captura internacional contra este exalto oficial de la Policía, para que responda ante la justicia hondureña por el asesinato del fiscal Orlan Arturo Chávez, conocido como el “Fiscal de Oro”
La Fiscalía de Delitos Contra la Vida y agentes de la ATIC asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (Ufadpol), han investigado este caso desde hace algún tiempo.
El crimen contra el Fiscal Chávez, ocurrió el 18 de abril de 2013 a eso de las 8:15 de la noche, cuando regresaba de impartir cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a bordo de un vehículo Mazda BT-50, cuando fue interceptado por dos sujetos a 60 metros del puente «Juan Ramón Molina», quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra de su humanidad.
Mario Vargas: Reputación manchada
En el 2009, el excomisionado pasó un proceso legal, en el cual le dictaron sobreseimiento, este caso estaba relacionado con drogas en un sector de la Mosquítia, esa vez, Vargas pudo probar su inocencia.
Por otro lado, el excomisionado, está también acusado de ser partícipe del asesinato del zar antidrogas, Julián Arístides Gonzáles, ya que su nombre está incluido en un informe que hizo público un medio de comunicación.
En la cual se explicaba el plan para asesinar a Arístides Gonzáles, por lo que se le suspendió del cargo de comisionado en abril de 2016.
Por tal razón, según el Ministerio Público, se emitirá una orden de captura internacional para que pueda comparecer ante los juzgados hondureños.
Lo anterior, independientemente del fallo de los EE.UU, por lo que Vargas vendría al país a enfrentar juicio por supuestamente por ordenar la muerte del «fiscal de oro», Orlan Chávez.
Los policías hondureños señalados
Los seis acusados son: Ludwig Criss Zelaya Romero (39), Mario Guillermo Mejía Vargas (46), Juan Manuel Ávila Meza (45), Carlos José Zavala Velásquez (44), Víctor Oswaldo López Flores (43), y Jorge Alfredo Cruz Chávez (39).
De acuerdo al sitio en línea del Distrito Sur de Nueva York, el caso está pendiente ante la jueza Lorna G. Schofield, ante el cual co-demandada Fabio Porfirio Lobo, el hijo del ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se declaró culpable de un delito relacionado con el tráfico de drogas el pasado 16 de mayo de 2016.
El Procurador Preet Bharara de Manhattan, dijo que el cargo es contra los seis agentes de la Policía hondureña, señalados de participar en una conspiración masiva el tráfico de drogas que supuestamente inundó los Estados Unidos con cocaína.
Como se alega, a través de sobornos a funcionarios públicos y la información sobre las investigaciones en curso y puestos de control policiales filtrado, estos acusados acordaron garantizar el paso seguro de toneladas de cocaína a través de las selvas de Honduras en su camino hacia las ciudades norteamericanas.
De acuerdo con alegaciones contenidas en la acusación formal, otros documentos de la corte, y las declaraciones hechas durante los procesos judiciales, entre 2004 y 2014, múltiples organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y otros países trabajaron juntos, y con el apoyo de los demandados.
Crímenes grandes en Honduras
La misma aseveración detalla que se aseguraron varios cientos de kilogramos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de las rutas aéreas y marítimas, para transportar la droga hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y finalmente a Estados Unidos.
Las autoridades policiales de Honduras que ahora enfrentan cargos protegían mediante la interferencia oficial para lograr el paso seguro de la droga por este país centroamericano.
Las mismas investigaciones retratan que aproximadamente a principios de 2014, Fabio Lobo estuvo de acuerdo en proporcionar seguridad y apoyo logístico para el transporte a través de Honduras de una carga de varias toneladas de presunta cocaína perteneciente al cártel de Sinaloa y que sería importada hacia Estados Unidos.
Lobo acordó proporcionar esta asistencia en el entendimiento de que recibiría un interés financiero en la cocaína valor de más de un millón de dólares en ganancias.
Caso de policías encarcelados
De acuerdo a los cargos presentados por EEUU, los seis oficiales hondureños han sido acusados por conspirar para importar cocaína; conspirar para usar y llevar armas de fuego durante y en relación con, y poseer armas de fuego en cumplimiento de la conspiración de cocaína a la importación.
Mientras el caso específico de Zelaya Romero también está acusado de usar y llevar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y que posee ametralladoras y dispositivos destructivos en cumplimiento de la conspiración de cocaína-importación acusado en la acusación formal relevante.
Si es declarado culpable, Zelaya Romero enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua, y los restantes acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
Cabe señalar que Fabio Lobo fue detenido en la República de Haití el 20 de mayo de 2015 y llegó a los Estados Unidos el 21 de mayo de 2015, se declaró culpable ante el juez Schofield el 16 de mayo de 2016, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Lobo está programado para ser sentenciado el 15 de septiembre de 2016, y se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
