MEXICO.- Cada vez que Javier Monroy pronuncia el nombre de la organización de la cual es activista en Chilpancingo, se estremece: Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero, el estado de mayor producción de amapola y muertes violentas en el país y de mal en peor.
La misma entidad donde se han desplegado siete operativos policíacos y militares con diferentes nombres desde 2005 y sólo para ver expandirse a las células del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Del puerto de Acapulco a la capital del estado y de ahí al norte, a Iguala, Taxco, y a la costa y Tierra Caliente.
¿Por qué ninguno de los operativos ha funcionado?
“Nosotros en la organización no creemos que el Estado esté fallando en el combate al crimen organizado, sino que tiene una alianza estratégica con las empresas del narcotráfico y otros delitos que forman parte de la economía mexicana con el poder poder político y con el control social”, dice Monroy.
En ese entendido –explica- no hay un combate real sino una administración de la economía del narcotráfico. Por lo tanto, de la ley. “En siete años no ha habido un solo caso de sentencia por la desaparición de persona”, precisa.
Porsupuesto, sí han visto asesinatos, fosas y desapariciones de todo tipo, de las individuales a las colectivas como la de los estudiantes de Ayotzinapa, las de Chilapa y Chichihualco y el reciente caso de secuestro masivo en Totolapan.
Información obtenida a través de mecanismos de transparencia por medios de comunicación social le dan la razón. Desde 2009 no hay una sola sentencia por este delito a pesar de que es el estado con mayor número de denuncias. Un 98 % de cifras negras, o sea, crímenes sin levantar el acta ante el ministerio público.
Uno de los más recientes casos de negociación por parte de las autorizadas quedó en evidencia el miércoles. El gobernador Héctor Astudillo presumió ser mediador de una negociación. Esta entre un presunto secuestrador de la comunidad de Totolapan, Raybel Jacobo Del Monte “El Tequilero”. A este se le acusa de habeer raptado a un empresario local. En represalia, un grupo de autodefensas tomó de rehén a la madre del presunto delincuente y a 16 personas más.
Para liberarlas finalmente el viernes, exigieron presionar al gobierno con tres peticiones. Una base formal de la Policía Federal, la detención de “El Tequilero”. También la vigilancia del ejército a la entrada del pueblo.
