AFP. Hace dos años, el presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las pandillas en El Salvador, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.
Actualmente el presidente proclama que su país es el «más seguro» del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022, al amparo de un régimen de excepción.
Aún con los avances en seguridad, los críticos afirman que el precio es alto.
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¿Qué sucedió con las pandillas?
El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las maras o pandillas, que se financiaban con el cobro de extorsiones, sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar.
Una investigación de InSight Crime estimó que en el país había casi 120.000 pandilleros: la Mara Salvatrucha tenía 78.000 y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41.000.
Más de 78.000 presuntos pandilleros han detenido, según un informe oficial presentado el martes.
Las pandillas no han podido reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4.000 armas, algunas de uso militar. Reformas legales endurecieron las penas.
El criminólogo Ricardo Sosa, estima que a las maras les ha faltado capacidad de «adaptación» para mutar a otra modalidad criminal. Mientras Bukele reelegido en febrero para otro mandato de cinco años, promete continuar la guerra.
Reacciones
Organizaciones de derechos humanos no están de acuerdo con los métodos de Bukele. Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen, reportan arrestos ilegales, torturas y muertes en prisión.
Hay 327 casos de desapariciones forzadas y 235 muertes bajo custodia estatal, afirma Amnistía en un reporte presentado el martes. La población penitenciaria es de 102.000 personas.
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Un informe anterior calcula que en el 2023, en El Salvador 1,7% de los mayores de 18 años está detenido, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo.
Parte de los detenidos están en una megacárcel construida por Bukele, considerada la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 presos, que tiene un severo régimen interno.
