GUATEMALA. El reloj marca la 1:30 de la tarde. Tras seis horas de espera, la incómoda silla de la Unidad de Consulta Externa del hospital de “Autonomía”, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), empieza a parecer un buen lugar para tomar una siesta; sin embargo, la idea es interrumpida por un llamado a hacer fila en la ventanilla en la que, según prometieron, harían entrega del medicamento que le ayuda a vivir con un órgano ajeno a su cuerpo.
Al llegar a la ventanilla, la respuesta que obtiene Lin Valenzuela es: “No tenemos en existencia”, sin mayor información de cuándo podría regresar por sus dosis de Ciclosporina. El problema es que la paciente ya solo cuenta con medicamento para tres días más y debe ingerirlo a diario, ya que se trata del inmunosupresor que evita que su organismo rechace el riñón que le fue trasplantado tras una severa deficiencia renal.
En el marco de la visita que Lin efectuó al IGSS en enero, se pidió información al departamento de comunicación respecto a la existencia de la ciclospirina y se confirmó que poseían un aproximado de 98 mil tabletas, lo que constituía una provisión para cinco meses.
Sin embargo, el motivo por el que Lin debía presentarse por dos o tres días consecutivos al IGSS para recibir lo detallado en su receta médica va más allá de un desabastecimiento.
El IGSS y los medicamentos
Ella, al igual que un alto porcentaje de usuarios, no está afiliada a una asociación de pacientes que cuente con un amparo que obligue al seguro social a proveer de ciclosporina.
Aunque todos los afiliados cumplen con el pago de las cuotas correspondientes para poder recibir los servicios del Seguro Social, parece no ser suficiente para recibir un trato preferencial que permita acceder a medicamentos.
La división es tal, que al momento de requerir a los proveedores un nuevo ingreso en el sistema Guatecompras, el propio IGSS hace una aclaración de a quién va dirigida la compra, ya que los no amparados reciben medicamentos genéricos.
En el caso de Lin, esto podría haber llegado a su fin, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó una sentencia de amparo en contra de la Junta Directiva del IGSS por negar el acceso a la salud.
Si bien se trata de una resolución individual, la jefa de Supervisión Hospitalaria de la Procuraduría de Derechos Humanos, Zulma Calderón, considera que es un precedente, pues en múltiples monitoreos han descubierto que hay un trato diferencial entre los pacientes que están afiliado sa alguna asociación y los que no.
“ Es un vicio que ha predominado en la institución. Incluso hay médicos que en la consulta le piden el carné de afiliado a una asociación a los pacientes. Esto tergiversa la atención que se debe brindar”
Zulma Calderón, jefa de Supervisión Hospitalaria de la PDH.
Calderón advierte que, a diferencia de salud pública, en el IGSS “se mueven muchos intereses” por la defensa de los pacientes a cambio de “una cuota de afiliación a la organización”, lo que califica como una violación al derecho a la salud, ya que se repite con otros enfermos crónicos y destaca que, al igual que en otros padecimientos, un alto porcentaje (alrededor del 80 por ciento) no está asociado por falta de recursos.
