GUATEMALA. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y la fiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, dieron a conocer los resultados de la macro-investigación desarrollada en el último año, que muestra como en la cooptación del Estado encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, numerosas empresas y sus representantes se vieron involucradas en lavado de dinero o financiamiento electoral ilícito.
El macro-caso, llamado “Cooptación del Estado”, deriva de los documentos, escuchas telefónicas y testimonios incautados y recibidos por Cicig-MP a partir del 16 de abril del 2015 en Guatemala, cuando se develó el caso de corrupción aduanera “La Línea”, cuyas cabezas eran, según los entes investigadores, el entonces presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti.
El comisionado de Cicig explicó que al analizar la documentación incautada físicamente y en dispositivos electrónicos resultado de ese primer caso, “se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros”. Dichos indicios se referían a operaciones desde el año 2008, antes de que el Partido Patriota y Otto Pérez asumieran el poder.
Investigadores financieros de Cicig y el MP encontraron que, después de perder las elecciones de 2007, los líderes del PP diseñaron un complejo esquema que habría incluido una maquinaria para “lavar” fondos producto de financiamiento ilícito destinados a financiar la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que finalmente llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.
Dicha estructura, destacó la fiscal Thelma Aldana, no finalizó con la llegada de los patriotas al poder. A través de testaferros y empresas de cartón, la macro-estructura manejada por Pérez y Baldetti siguió lavando dinero, ahora proveniente de comisiones cobradas a proveedores del Estado. Cicig y MP estiman que de este modo, los exgobernantes se apropiaron de US$21 millones de recursos ilegales.
“El Partido Patriota llegó al poder Ejecutivo, con la finalidad de cooptar el Estado guatemalteco, para ello se apropiaron de instituciones, desde donde constituyeron una maquinaria para lavar cifras millonarias”, concluyeron los investigadores. El MP recibió cerca de 100 declaraciones de representantes legales, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios de empresas investigadas, dijo Aldana. Sus testimonios, y las pruebas, confirmaron que Otto Pérez y Baldetti “fueron los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de testaferros”.
A través de dichas empresas de cartón, tanto el expresidente como la exvicepresidenta “recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos”, detalló el comisionado.
El del Partido Patriota no fue un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, “sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, dijo Velásquez.
Guatemala: Televisoras, banqueros y empresarios, en la trama
Las investigaciones detallan, como una de las modalidades de financiamiento electoral ilícito, el caso de las televisoras Canal 3 y Canal 7, propiedad del empresario mexicano Ángel González, cuya esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, tiene orden de captura internacional.
Cicig y el MP documentaron en su investigación, que, desde el año 2008 y hasta 2011, buscando acopiar fondos para la campaña de Otto Pérez, Roxana Baldetti tuvo bajo su control las empresas “de cartón” Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, las que recibieron pagos de Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), hasta acumular US$2,2 millones. Al llegar al poder el Partido Patriota, los canales 3 y 7 se beneficiaron de contratos millonarios (más de US$30,8 millones) en pauta entre 2012-2015. Más del 69% del total de la publicidad estatal fue para estas dos empresas.
La segunda modalidad de financiamiento electoral ilícito detectada por Cicig y el MP, involucra a empresarios o representantes de empresas queentregaron dinero a entidades que los operadores del PP les indicaban, expusieron los investigadores. Involucrados en esta investigación están empresarios y banqueros que ahora no pueden alegar ignorancia “porque ellos sabían a qué entidades debían dirigir los recursos en muchos de estos casos se trataba de empresas de cartón”, dijo Velásquez.
La tercera modalidad de delito encontrada por la investigación, es el de financiamiento ilícito. Cicig y el MP detectaron a varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero. “Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral, el cual provenía de empresas y personas particulares, cuyo origen se ocultó por medio de las empresas de Juan Carlos Monzón (exsecretario privado de Roana Baldetti) y Víctor Hugo Hernández (administrador de Monzón)”, detalla el informe. El monto aportado en esta modalidad superaría los US$ 6,4 millones no reportados al TSE.
Al llegar al poder, el 14 de enero 2012, Pérez Molina y Baldetti habrían armado una red de operadores claves en distintas instituciones, los que siguieron alimentando a la estructura criminal mediante el cobro de comisiones a cambio de contratos con el Estado, así como asignación de obras y servicios. Estos operadores ejercían el poder real de las entidades del Estado y atendiendo a los intereses de la estructura, priorizaban programas, proyectos, contratos y pagos de deuda para recaudar comisiones equivalentes a por lo menos el 10% del contrato otorgado. Un 60% de las “comisiones” entregadas por contratistas del Estado eran para el presidente y la vicepresidenta y 40% para los restantes partícipes, definieron los investigadores. Al menos 450 contratos dentro del Estado manejó esta estructura criminal, precisaron Velásquez y Aldana.
En la macro estructura de corrupción también se involucran empresas de lavado de dinero, cambistas y de transporte de valores, en las que figura como actor prominente Jonathan Chévez, ya procesado por el caso Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ. También se vieron involucrados, dijo Velásquez, bancos del sistema que otorgaron préstamos hipotecarios a nombre de Baldetti y de Otto Pérez, préstamos posteriormente cancelados con deposito de las empresas lavadoras, en efectivo.
Todo este movimiento a través del sistema financiero es objeto de investigación, advirtió el comisionado. “Depositar 7 millones de quetzales (unos US$897.000) en montos menores para no ser detectado pero con una presencia diaria, constante, del mismo depositante hasta completar el valor adeudado tiene que generar alarma en cualquier sistema. No se puede afirmar en todos los casos que existiera complicidad de funcionarios o empleados de entidades bancarias, pero no es descartable”.
“El Estado se convirtió en una feria, en un negocio en que cualquier actividad produce lucro para quienes estaba llamados a actuar para los intereses del pueblo” acusó Velásquez. Hasta el grado, sostuvo, de que inversiones a plazo fijo de instituciones del estado que se constituían en Banrural fueron controladas por Roxana Baldetti a través de Julio Aldana Franco, intermediario de dicho banco, quien compartía con Baldetti las comisiones que recibía por clientes de instituciones públicas como la Empresa Portuaria Quetzal, Inguat, Renap, entre otras. Parte de estos recursos sirvieron para hacer pagos al hermano de la vicepresidenta, Mario Baldetti, o pagar saldos de tarjetas de crédito de Roxana Baldetti.
Banqueros, empresarios, funcionarios, entre los capturados
Como parte de este caso, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, en coordinación con Cicig, realizaron 46 allanamientos este jueves. Más de 25 personas fueron detenidas, se citó a 14 más, y siete que ya guardan prisión, entre ellas Pérez Molina y Baldetti serán conducidas. Los detenidos -funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares- son acusados de delitos relacionados al lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito. Hay siete órdenes de captura internacional coordinadas con Interpol.
Se informó que hay órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra Fernando Peña, presidente y Julio Aldana, representante comercial de Banrural, y contra Flavio Montenegro, gerente del Banco G&T Continental. El gerente de negocios de Banrural, Abner Fonseca, fue detenido. Fernando Peña está acusado de lavado de activos, dijo Velásquez. Montenegro, por su parte, estaría involucrado en financiamiento electoral ilegal, precisó Aldana.
Constructores presuntamente involucrados en los ilícitos también fueron capturados o enfrentan órdenes de captura, entre ellos, el expresidente de la Cámara de la Construcción y propietario de la empresa Conasa, Álvaro Mayorga. De acuerdo con la revista Contrapoder, se detuvo a Boris Orlando Navas Aguilar, representante legal de Sigma, a Max Roberto Burgos Fallaice, de HW Contractors, y Benjamín González Zepeda, de Lanello, la empresa que supervisa los trabajos que ejecutan Sigma y HW Contractors.
Se citó a proceso al empresario farmacéutico Jack Irving Cohen, propietario de JI Cohen y empresa proveedora del Estado. Gustavo Adolfo Alejos, empresario farmacéutico, financista y exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, también enfrenta orden de captura. Ya están detenidos el exministro de Agricultura del Gobierno de Alfonso Portillo y actual dirigente cooperativista, Edín Barrientos, señalado de lavado de dinero; y el exdiputado Marvín Díaz, del Partido Patriota, así como el director del Registro Nacional de las Personas (Renap), Rudy Gallardo.
Fuente: estrategiaynegocios.net
