Guatemala: Así fue el ‘tsunami’ contra la corrupción

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Banqueros y empresarios, arrasados por el 'tsunami' de la corrupción en Guatemala. Aquí la comisión presentando el informe.

GUATEMALA. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y la fiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, dieron a conocer los resultados de la macro-investigación desarrollada en el último año, que muestra como en la cooptación del Estado encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, numerosas empresas y sus representantes se vieron involucradas en lavado de dinero o financiamiento electoral ilícito.

El macro-caso, llamado “Cooptación del Estado”, deriva de los documentos, escuchas telefónicas y testimonios incautados y recibidos por Cicig-MP a partir del 16 de abril del 2015 en Guatemala, cuando se develó el caso de corrupción aduanera “La Línea”, cuyas cabezas eran, según los entes investigadores, el entonces presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti.

El comisionado de Cicig explicó que al analizar la documentación incautada físicamente y en dispositivos electrónicos resultado de ese primer caso, “se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros”. Dichos indicios se referían a operaciones desde el año 2008, antes de que el Partido Patriota y Otto Pérez asumieran el poder.

Investigadores financieros de Cicig y el MP encontraron que, después de perder las elecciones de 2007, los líderes del PP diseñaron un complejo esquema que habría incluido una maquinaria para “lavar” fondos producto de financiamiento ilícito destinados a financiar la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que finalmente llevó a la presidencia a Pérez Molina y Baldetti.

Dicha estructura, destacó la fiscal Thelma Aldana, no finalizó con la llegada de los patriotas al poder. A través de testaferros y empresas de cartón, la macro-estructura manejada por Pérez y Baldetti siguió lavando dinero, ahora proveniente de comisiones cobradas a proveedores del Estado. Cicig y MP estiman que de este modo, los exgobernantes se apropiaron de US$21 millones de recursos ilegales.

Banqueros y empresarios, arrasados por el 'tsunami' de la corrupción en Guatemala. Aquí la comisión presentando el informe.
Banqueros y empresarios, arrasados por el ‘tsunami’ de la corrupción en Guatemala. Aquí la comisión presentando el informe.

“El Partido Patriota llegó al poder Ejecutivo, con la finalidad de cooptar el Estado guatemalteco, para ello se apropiaron de instituciones, desde donde constituyeron una maquinaria para lavar cifras millonarias”, concluyeron los investigadores. El MP recibió cerca de 100 declaraciones de representantes legales, abogados, auditores, contadores y proveedores de servicios de empresas investigadas, dijo Aldana. Sus testimonios, y las pruebas, confirmaron que Otto Pérez y Baldetti “fueron los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de testaferros”.

 

A través de dichas empresas de cartón, tanto el expresidente como la exvicepresidenta “recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos de los mismos”, detalló el comisionado.

El del Partido Patriota no fue un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, “sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, dijo Velásquez.

Guatemala: Televisoras, banqueros y empresarios, en la trama

Las investigaciones detallan, como una de las modalidades de financiamiento electoral ilícito, el caso de las televisoras Canal 3 y Canal 7, propiedad del empresario mexicano Ángel González, cuya esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, tiene orden de captura internacional.

Cicig y el MP documentaron en su investigación, que, desde el año 2008 y hasta 2011, buscando acopiar fondos para la campaña de Otto Pérez, Roxana Baldetti tuvo bajo su control las empresas “de cartón” Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer, las que recibieron pagos de Radiotelevisión Guatemala (Canal 3) y Televisiete (Canal 7), hasta acumular US$2,2 millones. Al llegar al poder el Partido Patriota, los canales 3 y 7 se beneficiaron de contratos millonarios (más de US$30,8 millones) en pauta entre 2012-2015. Más del 69% del total de la publicidad estatal fue para estas dos empresas.

La segunda modalidad de financiamiento electoral ilícito detectada por Cicig y el MP, involucra a empresarios o representantes de empresas queentregaron dinero a entidades que los operadores del PP les indicaban, expusieron los investigadores. Involucrados en esta investigación están empresarios y banqueros que ahora no pueden alegar ignorancia “porque ellos sabían a qué entidades debían dirigir los recursos en muchos de estos casos se trataba de empresas de cartón”, dijo Velásquez.