Redacción. Guatemala informó este día su disposición a aceptar ciudadanos de otras naciones centroamericanas deportados desde Estados Unidos, según confirmaron fuentes cercanas al gobierno.
Un funcionario guatemalteco, que prefirió mantener el anonimato, declaró a medios internacionales que el país está comprometido con una respuesta conjunta en materia migratoria.
«Tiene que haber una respuesta regional, y queremos ser parte de la solución», afirmó el funcionario.
La política migratoria de Trump enfrenta retos significativos, particularmente con deportaciones de países como Nicaragua, Venezuela y Haití, que mantienen relaciones tensas con Estados Unidos.
Estas dificultades complican la implementación de la promesa del presidente electo de deportar un número récord de inmigrantes indocumentados.
Cooperación estratégica
Guatemala ha tomado una postura proactiva respecto al regreso de Trump al poder. Funcionarios guatemaltecos han sostenido reuniones con miembros del equipo de transición de Trump, el senador Marco Rubio, y el grupo de expertos conservador Heritage Foundation.
Los temas tratados incluyen migración, deportaciones masivas, seguridad fronteriza, tráfico de drogas y la influencia de China en la región.
Puedes leer: Cancillería hondureña se pronuncia ante anuncio de deportaciones desde México
La aceptación de deportados de terceros países podría representar una solución parcial para las demandas de Estados Unidos.
Sin embargo, la medida plantea desafíos económicos y sociales, especialmente en una región donde las remesas enviadas por migrantes representan un pilar importante de las economías locales.
Guatemala, El Salvador y Honduras, en conjunto, representan más de una quinta parte de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional.
Con esta iniciativa, Guatemala busca fortalecer su relación con la administración de Trump, diferenciándose de sus vecinos que han mostrado mayor reticencia.
No obstante, la decisión podría generar tensiones internas y plantear interrogantes sobre la sostenibilidad de asumir un rol más amplio en la crisis migratoria regional.
