Redacción. El gobierno de Estados Unidos implementó una nueva política migratoria que podría afectar a miles de inmigrantes que buscan obtener la residencia legal a través de familiares, especialmente mediante el matrimonio.
La medida, anunciada el 4 de agosto y con vigencia inmediata, permite a las autoridades iniciar procesos de expulsión contra quienes no tengan estatus legal vigente y estén en trámite de solicitud de la “green card” por esta vía.
Según las directrices publicadas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la presentación de una petición familiar para obtener la residencia legal ya no protege automáticamente contra la deportación. En su manual de políticas, el USCIS aclara que dicha petición “no concede, por sí sola, un estatus migratorio ni impide la deportación”. Esto significa que quienes tienen solicitudes pendientes podrían enfrentar procedimientos de expulsión en cualquier momento.
Esta decisión afecta a un gran número de personas. En los primeros seis meses de 2025 se presentaron cerca de 520,000 peticiones I-130, trámite inicial para la residencia vía familiar. Para junio, había más de 2.4 millones de solicitudes pendientes, de las cuales 1.9 millones esperaban respuesta desde hacía más de seis meses.
Impacto en las familias
La abogada Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, advirtió sobre la magnitud del cambio. “Esta es una de las vías más importantes para que las personas ajusten su estatus migratorio y obtengan la residencia legal”, explicó. Agregó que ahora el USCIS puede iniciar expulsiones “en cualquier etapa del proceso”, lo que podría generar miedo entre familias inmigrantes, incluso aquellas que cumplen con todos los requisitos legales.
Mukherjee destacó que anteriormente, los solicitantes familiares no solían enfrentar audiencias en tribunales migratorios salvo en casos graves, como violaciones criminales, y alertó que esta nueva política puede desincentivar a quienes intentan regularizar su situación de forma legal.
USCIS defiende la medida
En respuesta a críticas, el USCIS señaló que la actualización busca garantizar “la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos”. El organismo indicó que se implementarán “evaluaciones exhaustivas para prevenir, detectar y desarmar fraudes y amenazas a la seguridad nacional y pública”. Hay requisitos como entrevistas presenciales para los solicitantes.
Asimismo, el USCIS defendió que las relaciones familiares fraudulentas “erosionan la confianza en los mecanismos legales para obtener la residencia”. Además, reafirmó que solo las relaciones “auténticas y verificables” deberán acceder a este beneficio migratorio.
¿Una política más restrictiva?
Julia Gelatt, subdirectora del Programa de Política Migratoria en el Migration Policy Institute, considera que esta política es parte de una agenda de deportaciones más agresiva, similar a la promovida por la administración Trump. Según Gelatt, el mensaje enviado a inmigrantes no autorizados es claro: “Consideren abandonar sus vidas en EE. UU. y regresar a sus países de origen”.
Además, señaló que la medida afectará también a personas con visas legales expiradas que esperan resolución de su green card, a Dreamers. Estos incluyen a miles de inmigrantes que podrían perder vías temporales implementadas bajo el gobierno de Biden.
Mukherjee concluyó que, de aplicarse con rigor, este cambio será “radical” y tendrá un efecto disuasivo para quienes buscan regularizar su situación migratoria.
