La satanización del Grupo Continental, el más importante núcleo corporativo netamente hondureño, mediante la dolosa, injusta, acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América de ser facilitador “de lavado de dinero del narcotráfico y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos”, mantiene en conmoción y desasosiego a todos los sectores de la sociedad hondureña y de América Central.
La forma generalizada de esa acusación, con sugestiva imprecisión argumental y evidente saña contra los directamente imputados, el ingeniero D. Jaime Rosenthal Oliva (79), su hijo, el abogado Yani Rosenthal Hidalgo (50) y su sobrino Yankel Rosenthal Coello (este último detenido en Miami y pendiente de juzgamiento en Nueva York), refuerza la incredulidad pública sobre este montaje judicial contra un prestigiado liderazgo político y empresarial forjado a base de honradez, excelencia profesional, incansable dedicación al trabajo productivo e innovador, y reconocido servicio a nuestro país.
La “identificación” de estos tres miembros de la Familia Rosenthal como cabecillas de una organización de lavado de dinero, con lista de entidades designadas, efectuada por la Oficina de Control de Activos de Estados Unidos (OFAC, siglas en inglés), en observancia, por primera vez a un banco, de la Ley Kingpin, sobrepasa la doctrina universal del derecho a ser considerado inocente mientras no haya plena sentencia judicial de culpabilidad, y, asimismo, en lo que concierne al debido proceso.
Esta criminalización adelantada, que informa sobre la prepotencia y unilateralidad del procedimiento legal utilizado, contrasta con la advertencia, incluida en la acusación de referencia, de que el contenido de ésta son meramente alegaciones, y, por lo tanto, se remiten al principio jurídico universal de presunción de inocencia en el encartamiento procesal. Es evidente, entonces, la aplicación en este caso del concepto antijurídico de la condena previa de culpabilidad, obligando al acusado a que pruebe su inocencia, o sea la reversión del cargo de la prueba, de inspiración medieval.
Las consecuencias de ese procedimiento y su repercusión en nuestro país con la actuación de la autoridad bancaria y de seguros, que conduce al caos económico y a una profunda crisis del sistema financiero, columna vertebral del desarrollo, es, lógicamente, motivo de alarma y de estupefacción en los sectores bancario, empresarial, laboral, y en todo el entramado político y social de Honduras, máxime con la desconfianza general en la impartición de justicia.
El daño que, por el momento, parece concretarse en un reputado grupo empresarial y financiero, se cierne sobre la totalidad del sistema y se expandirá irremediablemente en perjuicio de nuestro país y su pueblo, que desde ya se debate en la confusión, el empobrecimiento galopante, el desempleo estructural, la disolución social y la violencia propagada en diversas modalidades, con preeminencia del terrorismo institucional.
