Redacción. En medio de crecientes denuncias por gastos excesivos del Estado, la exfiscal del Ministerio Público, Nilia Ramos, criticó duramente al gobierno por el uso de al menos ocho helicópteros rentados para el traslado de funcionarios públicos, mientras hospitales del país enfrentan una grave crisis por la falta de medicamentos y personal médico.
«Hay un gasto excesivo por parte de este gobierno, cuando los hospitales no tienen medicamentos, no hay médicos y la inseguridad crece», expresó Ramos en una entrevista con Hoy Mismo.
Su denuncia surge después de la difusión de un video en que se observa al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, descendiendo de un helicóptero, lo que generó indignación en redes sociales.
Para la exfiscal, sus propias investigaciones revelan que actualmente hay ocho helicópteros rentados exclusivamente para el transporte de altos funcionarios dentro y fuera de Tegucigalpa. «No es justo. Mientras la gente llora en los hospitales por medicamentos, ellos se pasean en helicópteros», afirmó.
Uno de los ejemplos más graves, añadió, es el del Hospital San Felipe, donde pacientes con cáncer deben costear sus propios tratamientos oncológicos por falta de medicamentos esenciales. «La gente ruega por una pastilla y ellos están volando en el aire con recursos del Estado», reclamó.
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Ramos también vinculó este tipo de gastos con una supuesta compra de voluntades legislativas, luego de que Redondo lograra la aprobación de una votación polémica en el Congreso. «La oposición le dio el voto por beneficios o por canje económico. Eso debe investigarse», dijo.
Privilegios para los funcionarios
Además del uso de helicópteros, la exfiscal denunció que jueces en los distintos tribunales del país se movilizan en vehículos blindados de lujo, específicamente camionetas Prado alquiladas por el Estado.
«Como que están en guerra, todos en vehículos Prados blindadas parqueadas en los juzgados. ¿Qué les puede pasar? No todos los jueces están amenazados», señaló con tono crítico.
Ramos pidió al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) que investiguen con urgencia estos gastos. «Hay que hacer números y cuantificar cuánto está pagando el Estado a estas rentadoras. Esto no puede seguir así», concluyó.
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