REDACCIÓN. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, confirmó que el Estado de Honduras asumirá la responsabilidad de reponer el dinero que cientos de ciudadanos invirtieron en Koriun Inversiones, una empresa señalada por operar al margen de la ley.
Según Sierra, esta decisión fue una instrucción directa del Poder Ejecutivo, priorizando a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la medida ha despertado preocupación en diversos sectores sobre el uso de fondos públicos para cubrir pérdidas originadas por una estafa privada.
“El Gobierno de la República me ha dado instrucciones para que se haga todo lo necesario para cubrirle los fondos a la gente pobre y humilde. Obviamente hay gente grande que tenía un millón, dos millones. Eso se tendrá que ver de manera separada, porque cuando se depositan más de los 250 mil lempiras en una institución, se revisa y se pregunta la proveniencia de los fondos”, explicó Sierra.
El funcionario también enfatizó que el reembolso a los afectados se realizará con fondos provenientes del presupuesto público. “Estamos para proteger a los ciudadanos y este es un caso de bienestar público”, aseguró. Además, remarcó que esta acción representa un esfuerzo por resarcir a las víctimas de una estafa que, según sus palabras, ocurrió durante el actual gobierno.
Rechazo del sector privado
Ante esta decisión, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) expresó su rechazo. Su director, Armando Urtecho, manifestó su preocupación por el uso de fondos públicos para solventar una estafa privada. Argumentó que esto podría sentar un precedente negativo para futuros casos similares.
“Esos fondos que van a utilizar son de todos los hondureños, entonces todas las estafas que podrían ocurrir en el futuro las va a pagar el pueblo hondureño y otros muy bien felices, gracias”, declaró Urtecho.
El director del COHEP también advirtió que, de concretarse el reembolso estatal, podría incentivarse que otras personas aleguen estar en circunstancias similares para recibir compensación del Estado, comprometiendo aún más los recursos públicos.
La medida, aunque busca proteger a los sectores más vulnerables, ha generado un debate nacional sobre la responsabilidad del Estado en fraudes privados. Asimismo, en el impacto que esto podría tener en la economía hondureña.
