TEGUCIGALPA, HONDURAS. Dueños de propiedades privadas obligados a regalar materiales a constructora extranjera. La empresa es la cuestionada Hidalgo e Hidalgo que construye la ampliación y mejora de la carreta CA-5, en el sector entre Potrerillos y Pimienta.
El gobierno de Honduras está obligando a propietarios de terrenos con bancos de materiales a cederlos a la constructora. La acción beneficia de forma directa a la constructora.
Esta empresa es propiedad de los empresarios ecuatorianos David Armando Palma Gordillo y Marco Alfredo Albán Crespo. Este último estuvo involucrado en un escándalo de sobornos en Panamá en el año 2015.
Para beneficiar a la empresa, el Gobierno obliga a los dueños de terrenos continuos o cercanos a cualquier obra de infraestructura pública a ceder sus bancos de materiales sin costo para el Estado ni para la constructora que lo solicita.
Los bancos de materiales son las excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material para la formación capas de pavimento. Además, para la protección de obra, trabajos de restauración ecológica y fabricación de mezclas asfálticas y de concretos hidráulicos.
Con supuesta base legal quitan bancos de material
Al parecer el Estado está tomando esta arbitraria decisión en base el artículo 22 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública. Normativa plasmada mediante el acuerdo No. 0535, y publicado en el diario oficial La Gaceta. Dicha publicación se realizó convenientemente el 18 junio del año en curso.
El acuerdo faculta al Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a autorizar el uso de esos bancos de materiales. Esto, “sin previa autorización y sin costo para la constructora y el estado”.
Este acuerdo para despojar a los propietarios de los bancos materiales de forma arbitraria contradice la Ley de expropiación forzosa, contenida en el Decreto Nº 113, de 9 de Abril de 1914, que contiene la Constitución de la República.
Esta normativa establece en los artículos 3 y 4 que se debe indemnizar a los propietario por el material extraídos de sus propiedades.
Según el abogado constitucionalista Milton Jiménez, coincide con la Ley de expropiación forzosa, que el Estado o la empresa que se está beneficiando del material deben pagar de forma total o parcial el costo del material con el precio que tiene en el mercado.
¿A quién beneficia este acuerdo?
Según el acuerdo, la empresa que se beneficiará de esta imposición es la constructora ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo. Pues a esta empresa se le asignó el proyecto de ampliación y mejora de la carreta CA-5. Esto en el sector entre Potrerillos-Pimienta.
Hidalgo & Hidalgo tiene operaciones en la mayor parte de países de América Latina, y se ha visto envuelta en diferentes escándalos de corrupción.
Marco Alfredo Albán Crespo fue encarcelado en Panamá por pagar sobornos a funcionarios públicos que lo beneficiaron con algunos proyectos de infraestructura. Debido a esas irregularidades, muchas de las obras no se llevaron a cabo.
Proyectos en otros países
A esta misma empresa se le adjudicó un proyecto de recolección de basura en Bogotá, Colombia.
En El Salvador está empresa tiene adjudicada la ampliación de una carretera de cuatro carriles. Misma, que conduce desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Arnulfo Romero hasta el municipio de Zacatecoluca, en La Paz.
No obstante, Diario Tiempo se dio a la tarea de investigar si Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, es inconstitucional o no.
Hallazgos
Al parecer el cuerdo de INSEP choca contra artículos de la Constitución de la República. Debido a que se está basando en la ley de Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
Para especialistas en derecho constitucional contradice los artículos 160 y 161 de la Constitución de la República. Estos referente a la propiedad privada.
Mediante esta resolución inconstitucional, los dueños de los previos estarían obligados a cederlos los bancos de materiales. Específicamente en el caso de la construcción de la carretera CA-5,
Estos bancos están ubicados en los municipios de Pimienta y Potrerillos en Cortés. Diario Tiempo, consultó a especialistas en Geología que confirmaron que la Topografía de la zona es rica en Gravín, arenilla y otros materiales útiles para la construcción.
Sanciones para quienes se opongan a entregar el material
Según el acuerdo se aplicarán sanciones penales a los propietarios que se opongan a la extracción de los materiales.
Si los propietarios del terreno no lo permiten, esté incurrirá en el delito de desobediencia tipificado en el Código Penal.
De igual forma, cuando haya particulares que impidan el acceso al inmueble o la extracción de materiales. En este caso la Unidad Ejecutora responsable presentará inmediatamente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Esto evidencia una clara amenaza legal para la propiedad privada.
